- El diputado Cruz Mendoza (Morena) impulsa cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
- Los ciudadanos son quienes pagan la estancia en un centro penitenciario de quienes han transgredido la ley y el orden social.
El diputado Carmelo Cruz Mendoza (Morena) propuso reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de que las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario tengan la obligación de acatar un trabajo en favor de la comunidad o del Estado, autorizado por el juez de ejecución de la pena, de conformidad con el perfil, grado de peligrosidad y respeto a los derechos humanos.
Las modificaciones a los artículos 11, 91 y 92 de la norma legal establecen que el trabajo se entenderá como una actividad productiva o “en bien de la comunidad o el Estado de forma legal”, y que una de sus bases será en favor de estos.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, señala en los considerandos que los ciudadanos son quienes financian la estancia de quienes han transgredido la ley y el orden social, lo que representa un alto costo para el Estado y los contribuyentes.
Por ello, se debe aprovechar la mano de obra “ociosa” que prevalece en los centros de reclusión como una retribución de parte de los internos por haber violentado la ley, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.
Actualmente, el sistema penitenciario mexicano contempla un modelo de reinserción social en la Constitución Política, que señala cinco ejes: trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Con estas actividades se busca que el sentenciado no vuelva a delinquir y se reintegre a la sociedad.
El gasto diario por interno en penales estatales y tradicionales oscila entre 200 y 600 pesos, es decir, entre seis mil y 18 mil pesos al mes, según la capacidad y el presupuesto de cada entidad federativa. En penales federales o de máxima seguridad privados, el costo puede superar los 3,000 a 6,000 pesos diarios, debido a los contratos de asociación público‑privada y al mayor despliegue de seguridad.
El presupuesto para los reclusorios en México en 2026 muestra un enfoque centralizado en el gasto federal y ajustes mixtos en los estados. A escala federal, el gasto absorbe gran parte de la seguridad, mientras que las entidades manejan cifras diversas.
En el ámbito federal, el gasto asignado al sistema penitenciario es de 26 789.8 millones de pesos a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que representa el 45 % del gasto total de la dependencia para el año. Estos recursos se destinan principalmente a la nómina, alimentación, vigilancia, mantenimiento y operación diaria de los centros federales de readaptación social.
El legislador considera necesario actualizar el marco jurídico para establecer el trabajo obligatorio de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario y que este sea en favor de la comunidad o del Estado, aprovechando así su mano de obra.