La victoria de Lula el 25 de octubre de 2026 —51,79 % frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro— fue celebrada como una remontada histórica; y lo es.
No obstante, la celebración esconde una pregunta que la izquierda brasileña no debe seguir postergando: ¿qué quedará de la energía popular que hizo posible esa victoria una vez que las urnas se enfríen?
La respuesta dominante entre analistas y dirigentes es la de la «mejor defensa»: tranquilizar, pactar, gobernar con un Congreso más derechizado en décadas, contener la injerencia estadounidense sin confrontarla demasiado. Es una lógica comprensible; pero es una lógica derrotista.
Mi postura es otra: no olvidar la estrategia del mejor ataque. Y el mejor ataque no se libra en Brasilia ni en Washington, se libra en la capacidad de autoorganización popular que no se subordina a la dirección de ningún partido —incluido el PT— y que opera con una política democrática prefigurativa, es decir, construir el futuro en el presente, aquí y ahora, para desplegar la ofensiva como Resistir–Reformar–Revolucionar.
El problema no es Lula; es la absorción del sistema.
La evidencia de la campaña de 2026 es contundente. Cuando Lula quedó detrás en la primera vuelta, la maquinaria petista se activó con una eficacia impresionante: actos en 76 ciudades, una «tropa digital» reciclada, jóvenes diputados recorriendo el país, y una militancia que respondió con marchas multitudinarias. La campaña funcionó; pero funcionó para la elección.
La pregunta que importa es qué ocurre con esa infraestructura de movilización después. Las centrales sindicales, la UNE, la CTB, la Contee y hasta movimientos populares como la CMP y el MPA emitieron documentos idénticos llamando a las «Brigadas de Agitação e Propaganda Lula Presidente»; la energía existió, pero fue canalizada, y lo que se canaliza hacia un objetivo solo electoral, se desmoviliza cuando ese objetivo se cumple.
Esto no es un accidente, es una lógica sistémica. La política partidaria, por su propia naturaleza, tiende a convertir la autoorganización en correa de transmisión. El problema no es que Lula sea un traidor; el problema es estructural: un partido en el gobierno necesita movilización para gobernar, no necesariamente para transformar.
Hay, sin embargo, experiencias que operan con otra lógica. El movimiento por la autogestión habitacional lleva casi cuatro décadas construyendo viviendas mediante cooperativas y asociaciones que no solo ejecutan obras, sino que deciden colectivamente y gestionan la comunidad después de construida. Evaniza Rodrigues, de la União Nacional por Moradia Popular, lo formula con precisión: «La práctica de la autogestión no es solo ejecución, sino la capacidad de tomar decisiones colectivamente, de gestionar colectivamente la producción de la casa y, después, la gestión de aquella comunidad».
Pero el dato que revela la tensión es otro: solo el 7 % de las 3 millones de viviendas del Minha Casa Minha Vida fueron destinadas a proyectos de autogestión. El modelo existe, funciona, produce otra sociabilidad, pero el Estado lo trata como excepción. Y cuando el movimiento intenta institucionalizarlo mediante un proyecto de ley, el riesgo es que la autogestión sea reconocida como modalidad de ejecución y sea despojada de su potencial prefigurativo.
El movimiento indígena ofrece otro caso. El Acampamento Terra Livre de 2026 reunió a miles bajo el lema «Nosso futuro não está à venda: a resposta somos nós». La formulación es exacta: la respuesta no es el gobierno, ni el partido, sino ellos mismos. La Apib reconoce avances —el Ministerio de los Pueblos Indígenas, 20 territorios demarcados— pero al mismo tiempo denuncia que el Congreso trata los derechos constitucionales como «fichas de negociación» y que el Ejecutivo ha sido timorato en las demarcaciones. Esa es la postura correcta: ni subordinación ni confrontación estéril, sino autonomía con disputa.
El concepto de política prefigurativa tiene una elaboración que conviene precisar para que no se diluya en retórica. Ouviña define los movimientos populares latinoamericanos como «sujetos socio‑políticos que, en sus procesos de resistencia y sus prácticas de autoafirmación militante, involucran el despliegue y permanencia en el tiempo de acciones, relaciones y formas de organización popular que aspiran a prefigurar en el presente el proyecto de vida por el cual luchan».
Esto significa tres cosas concretas: primero, que la revolución no es un evento futuro sino un proceso prolongado que se construye en la cotidianidad; segundo, que la prefiguración opera en dimensiones objetivas y subjetivas simultáneamente, no basta con construir una cooperativa; hay que construir la subjetividad colectiva que la sostenga; tercero, que la praxis es una disputa integral y multidimensional que no se reduce a lo electoral ni a lo institucional.
Raúl Zibechi lo dijo con claridad en 2025: «Antes presionábamos a los poderosos, a los Estados y empresarios para que escucharan nuestras razones. Hoy ese camino está cortado, el poder se ha blindado, se ha vuelto despiadado». Su respuesta no es abandonar la presión, sino construir autonomías territoriales: «No vamos a dejar de reclamar, pero tenemos que transitar nuevos caminos, los que están creando los pueblos: construir nuestras autonomías en los territorios que habitamos».
Eso es exactamente lo que el MST intenta cuando anuncia que disputará tres frentes en los próximos cinco años: la tierra (cien millones de hectáreas en disputa), la producción de alimentos como fuerza económica alternativa, y la representación institucional sin convertirse en partido. «El MST no es un partido y no se convertirá en uno», dice João Paulo Rodrigues. Esa distinción no es formalista, es la condición de posibilidad de que la autoorganización no sea absorbida por el sistema.
Mi propuesta no es abandonar la disputa institucional (la gobernanza), es subordinarla. La secuencia no es lineal sino tensional.
Resistir significa defender los territorios, las prácticas, los cuerpos y las formas de decidir que ya existen. No es solo resistir a Bolsonaro o al agronegocio; es resistir a la lógica que convierte la energía popular en capital electoral de cualquier signo y esto no implica sostener una tesis anarquista.
Reformar significa disputar el Estado cuando ello fortalece la autoorganización en lugar de sustituirla. El proyecto de ley de autogestión habitacional es un ejemplo; si se aprueba con financiamiento integral y propiedad colectiva, fortalece el modelo. Si se aprueba como modalidad burocrática, lo neutraliza. La diferencia no está en la ley, sino en la correlación de fuerzas populares que la rodea.
Revolucionar no es un momento final; es la dimensión prefigurativa que atraviesa las dos anteriores: construir ahora, en la escala de lo posible, las relaciones sociales que queremos generalizar. Una cooperativa de vivienda que decide colectivamente. Un territorio indígena que se defiende sin esperar al Estado. Una olla popular que no pide permiso. Una asamblea que no delega en el partido, cualquiera que este sea.
Lula gobernará con un Congreso hostil y una sociedad partida casi por la mitad. Negociará con Washington. Hará concesiones. Es lo que los gobiernos hacen. La pregunta no es si Lula hará eso, sino qué capacidad de autoorganización existirá cuando lo haga.
Si la energía de octubre de 2026 se disipa en la maquinaria partidaria, cualquier victoria legislativa será reversible y cualquier derrota será absorbida sin resistencia sostenida. Si, por el contrario, se fortalece una red de prácticas prefigurativas —habitacionales, territoriales, productivas, comunicativas— que no dependan del ciclo electoral, entonces la ofensiva no dependerá de lo que Lula logre o deje de lograr.
El mejor ataque no es un ataque contra Lula. Es la construcción paciente, obstinada y autónoma de un poder popular que no necesite pedir permiso para existir. Eso es lo que la izquierda brasileña debería debatir en 2027; no cómo defender mejor al gobierno, sino cómo atacar mejor desde abajo, sin esperar a que el gobierno lo autorice. En otras palabras, lo más importante es atrevernos a debatir hoy el papel del partido de la clase obrera en el capitalismo tardío.