Fernando Schütte Elguero
Este fin de semana pasado estuve en la ciudad de Colima impartiendo una conferencia sobre seguridad pública y nacional titulada “El paradigma de la seguridad en el siglo XXI”. Regresé con una impresión doble y difícil de conciliar. Colima es un estado bellísimo, de gente extraordinaria, hospitalaria y orgullosa de su tierra; tiene paisajes fuera de serie, una gran gastronomía y una calidad humana que se percibe desde el primer encuentro. Es uno de esos lugares de México que merecerían ser conocidos por todo eso y no por sus estadísticas criminales.
Pero la realidad de seguridad que enfrenta es muy distinta. En apenas diez años, Colima ha tenido nueve secretarios de Seguridad Pública. Nueve responsables diferentes para atender una crisis que requiere justamente lo contrario: continuidad, inteligencia, instituciones sólidas y una estrategia de largo plazo.
La comparación con Yucatán es inevitable. Mientras Colima ha tenido nueve secretarios en una década, Yucatán mantiene desde 2007 al comandante Luis Felipe Saidén Ojeda al frente de la seguridad pública estatal: casi 19 años consecutivos de continuidad institucional. No pretendo afirmar que una sola persona explique el éxito o el fracaso de una política pública, pero los resultados obligan a reflexionar: Yucatán se mantiene como el estado más seguro del país, mientras Colima ocupa el extremo opuesto y registra la tasa más alta de homicidios. La estabilidad, la experiencia y la memoria institucional importan.
Y el problema rebasa con mucho las capacidades de un estado pequeño. Colima alberga Manzanillo, uno de los puertos estratégicamente más importantes de México y, precisamente por ello, uno de los puntos más sensibles para el tráfico internacional de drogas, precursores químicos y mercancías ilícitas. A esto se suma su ubicación geográfica y la presencia del crimen organizado en entidades vecinas.
Colima llegó a registrar alrededor de 74 homicidios por cada 100 mil habitantes, aproximadamente cinco veces el promedio nacional. Aunque recientemente se han registrado reducciones importantes, un buen periodo no puede borrar años de violencia ni sustituir una política estructural.
Aquí aparece inevitablemente la responsabilidad del Gobierno Federal. No se puede pedir a Colima que enfrente prácticamente solo un fenómeno de dimensiones nacionales y transnacionales. El puerto, las rutas criminales, el tráfico de precursores, las organizaciones interestatales y el lavado de dinero exceden las capacidades locales.
La Federación debe intervenir con mucha mayor profundidad: inteligencia, investigación financiera, presencia operativa, fortalecimiento ministerial y coordinación permanente. Colima, precisamente por su tamaño, podría convertirse en un laboratorio exitoso de recuperación territorial.
Su gente merece volver a vivir con tranquilidad y que el nombre de su estado vuelva a asociarse con su belleza y sus enormes virtudes, no con el número de homicidios.
@FSchutte
Consultor y Analista