México ha perfeccionado una curiosa modalidad de gobierno: la ineficiencia. No consiste solamente en administrar mal, desperdiciar recursos o sustituir resultados por discursos. Es algo más sofisticado: exigir pruebas irrefutables cuando los cuestionamientos alcanzan a los propios y repartir condenas políticas cuando los señalados pertenecen al bando contrario. La justicia, aparentemente, tiene dos velocidades y una sola dirección.
Durante décadas construimos instituciones para impedir precisamente eso. El Instituto Federal Electoral, encabezado por José Woldenberg, representó una conquista democrática extraordinaria. Posteriormente, Lorenzo Córdova presidió el INE durante nueve años. Ambos participaron en la consolidación de una autoridad electoral que debía responder a los ciudadanos y no a los gobernantes.
Hoy resulta particularmente revelador que, desde Palacio Nacional, se cuestione a quienes contribuyeron a construir aquella autonomía. La presidente ha formulado acusaciones públicas sobre contrataciones durante la administración de Córdova y ha solicitado investigar periodos anteriores. Investigar es correcto. Lo sorprendente es que semejante entusiasmo fiscalizador no siempre parece acompañar las controversias que involucran a personajes cercanos al poder.
Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Audomaro Martínez, Andy y Bobby López Beltrán han protagonizado señalamientos y controversias de distinta naturaleza. En algunos casos existen denuncias, documentos, testimonios o materiales difundidos públicamente que requieren esclarecimiento. Nada de ello constituye automáticamente una sentencia. Pero tampoco debería convertirse la presunción de inocencia en una licencia para evitar explicaciones.
La fórmula resulta extraordinaria: cuando se cuestiona a un adversario, la sospecha merece una conferencia; cuando se cuestiona a un compañero, ni siquiera la conferencia parece suficiente para justificar una investigación. Entonces aparecen las palabras mágicas: ¿dónde están las pruebas?
La pregunta sería perfectamente legítima si se aplicara con idéntico rigor a todos. Porque una cosa es exigir evidencias para imponer una sanción y otra muy distinta exigir una sentencia anticipada para reconocer que existen motivos para investigar.
El reciente episodio de Guadalupe Taddei y las investigaciones sobre contrataciones del INE, relacionadas con proveedores como José Alfredo Hernández Casillas, vuelve especialmente incómoda esta contradicción. Las responsabilidades deberán acreditarse legalmente. Sin embargo, los conflictos institucionales no desaparecen porque sus protagonistas pertenezcan al círculo políticamente conveniente.
¿No resulta vergonzoso que el gobierno que promete combatir los privilegios termine alimentando la percepción de que algunos personajes necesitan defenderse ante la justicia mientras otros reciben primero una defensa política?
La consecuencia no se limita al deterioro electoral. Es mucho más profunda y peligrosa.
¿Cómo pretendemos construir instituciones capaces de enfrentar a la delincuencia organizada cuando millones de mexicanos desconfían de sus autoridades? ¿Cómo exigir denuncias si el ciudadano sospecha que la investigación dependerá menos del delito que del apellido del involucrado?
La ENVIPE 2026 confirma la dimensión del desastre: el 93.4 por ciento de los delitos ocurridos en 2025 no fueron denunciados o no dieron lugar a investigaciones. Mientras tanto, seguimos discutiendo quién tiene derecho a indignarse y quién debe guardar silencio.
El Ejército Mexicano y las demás Fuerzas Armadas permanecen entre nuestras instituciones más respetadas. Pero ninguna democracia puede sostenerse exclusivamente sobre su prestigio mientras se debilitan los ministerios públicos, la justicia y los organismos civiles.
Sería injusto atribuir toda esta degradación a Morena. El PRI perfeccionó la subordinación institucional y el PAN desperdició oportunidades históricas para corregirla. Cambian los partidos, los colores y los discursos, pero sobrevive una antigua tentación: utilizar el poder para proteger al poder.
La presidente tiene derecho a defender a sus colaboradores y a cuestionar a sus adversarios. Lo que no debería hacer es confundir la defensa política con la justicia ni la crítica con la culpabilidad.
México necesita instituciones que investiguen sin pedir permiso, juzguen sin recibir instrucciones y reconozcan sus errores sin recurrir a enemigos imaginarios.
Porque la verdadera ineficiencia no consiste solamente en que las instituciones funcionen mal, sino en que funcionen de manera diferente dependiendo de quién sea investigado. Y cuando la impunidad se vuelve selectiva, la justicia deja de ser justicia para convertirse en un privilegio.