Hay medidas cautelares de la CIDH, una recomendación de la CNDH y un amparo que ordenan el regreso seguro de 147 familias triquis desplazadas desde 2020
NADIA SANABIA
Oaxaca de Juárez, 16 de noviembre de 2026.– El regreso de las familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala es una obligación pendiente del Estado mexicano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares el 27 de octubre de 2023 y le pidió garantizar un retorno seguro y medidas de seguridad para las familias refugiadas en Yosoyuxi Copala. Antes, en febrero de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido la Recomendación 36/2022 al gobierno de Oaxaca en el mismo sentido. Un tribunal colegiado federal ordenó después, en el amparo en revisión 597/2023, elaborar un plan para el regreso.
El Gobierno de Oaxaca prepara ahora ese retorno con el esquema que aplicó en Guadalupe Victoria, agencia de San Juan Juquila Mixes. Allí regresaron 63 familias en noviembre de 2025, tras casi nueve años de desplazamiento, con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como testigos. Desde entonces, parte de las familias de esa comunidad ha señalado que el retorno no ha sido completo.
El desplazamiento de Tierra Blanca comenzó el 26 de diciembre de 2020, cuando un grupo armado entró a la comunidad y disparó contra las viviendas. En enero de 2021 hubo nuevos ataques y los habitantes fueron expulsados. La Secretaría de Gobierno contabiliza 147 familias, 517 personas, que dejaron sus casas, sus tierras y sus escuelas.
Desde entonces ha habido varios intentos de retorno:
- En enero de 2021 un grupo, en su mayoría mujeres, volvió con acompañamiento policial. La policía estatal se retiró a los tres días; después murieron dos adultos mayores y la comunidad fue desplazada de nuevo.
- En julio de 2021 otro intento, con acompañamiento estatal, federal y de la Defensoría, no pasó porque un grupo armado bloqueó el acceso.
- En abril de 2022 las familias que intentaban regresar fueron recibidas a disparos.
- En agosto de 2022, mientras se negociaban acuerdos de retorno, una emboscada contra integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) dejó un muerto y seis heridos.
- En febrero de 2023, tres integrantes del MULT fueron asesinados y la organización se levantó de la mesa de retorno.
Las desplazadas han señalado al MULT como responsable de su expulsión, y el MULT ha acusado al MULTI de las agresiones contra sus militantes.
La diferencia de esta intervención es su alcance. El 3 de noviembre, 26 instituciones estatales y federales regresaron a Tierra Blanca y Yosoyuxi con atención humanitaria, alimentos y medicamentos. El 12 y 13 de noviembre, en un megatequio con 30 dependencias estatales, se limpiaron caminos y se rehabilitaron tres escuelas, la clínica, la agencia de policía y la iglesia. El camino de acceso estuvo cerrado seis años. El gabinete de seguridad sesionó por primera vez dentro de la comunidad, con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la policía estatal, la Fiscalía y el subsecretario Arturo Medina, en representación de la Secretaría de Gobernación.
En Tierra Blanca viven hoy 30 familias que quedaron aisladas, sin servicios de salud ni educación. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que está en marcha la segunda etapa del proceso y que ya comenzó parte de la tercera, la del retorno. “Un retorno no se puede improvisar, ni tampoco imponer”, dijo. El siguiente paso es que las familias refugiadas en Yosoyuxi identifiquen sus casas para valorar cuántas están deterioradas.
El retorno depende de un acuerdo entre las tres organizaciones que se disputan el control de la región triqui: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), fundado en 1981; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que se escindió del MULT en 2006, y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), surgida en 1994 como contrapeso del MULT. El gobernador Salomón Jara Cruz recorrió Tierra Blanca, Yosoyuxi y Guadalupe Tilapa, comunidades históricamente ligadas a las distintas organizaciones. Durante la conferencia, un reportero cuestionó que en esa visita solo hubiera representantes del MULT. Jara Cruz respondió que estuvieron presentes los liderazgos de las tres organizaciones, mostró fotografías de los encuentros y agradeció su disposición al diálogo. Anunció que volverá el jueves 26 de noviembre. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo tener “toda la esperanza de que esta vez sí puedan regresar”. Para la administración de Jara Cruz, que entrega su cuarto informe el 1 de diciembre en medio de cuestionamientos a su gestión, concretar este retorno sería uno de sus principales logros en materia de paz.
Esta reportera preguntó en la conferencia si se contempla un programa de desarme en la zona, ante las emboscadas que han seguido a cada avance. Romero López respondió que la seguridad pública por sí sola no resuelve la violencia y que la estrategia se centra en atender sus causas. Mencionó un programa estatal de desarme en 20 municipios con mayor incidencia de homicidios, financiado con recursos estatales, pero no dio cifras de armas recuperadas.
