La falta de vergüenza en política tiene una característica: quienes ejercen el poder suelen encontrar siempre un culpable en el pasado. Hoy, frente a la crisis del Instituto Nacional Electoral, algunos políticos de Morena vuelven a señalar hacia atrás, como si la historia pudiera servirles de coartada. Pero reconocer que en el antiguo IFE pudieron cometerse errores no significa justificar los que se cometen ahora. Un error anterior no absuelve al presente; mucho menos cuando quienes hoy gobiernan tuvieron participación en la integración de las autoridades que ahora cuestionan.
El miércoles 18 de noviembre, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova se reunieron para pedir que la nueva presidencia del INE se designe cuanto antes y por consenso, y que se recupere la confianza en el organismo. Su llamado ocurre en medio de una crisis que no se resuelve buscando responsables a conveniencia, sino asumiendo las consecuencias de decisiones recientes. Si el instituto perdió credibilidad, quienes intervinieron en su conducción y en la selección de sus integrantes no pueden fingir que el problema nació ayer ni que siempre estuvo en manos ajenas.
La integración de la autoridad electoral no ocurrió al margen de la política. La mayoría legislativa de Morena y sus aliados tuvo un papel decisivo en ese proceso. Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE mediante inscripción, después de que no se alcanzara un acuerdo en la Cámara de Diputados; además, en 2023 se designó a nuevos consejeros. Que el procedimiento tuviera cauce legal no impide discutir si produjo los equilibrios y la confianza que una institución de esta importancia necesita. Y quien participó en esas decisiones no puede ahora presentarse como observador inocente.
La responsabilidad también alcanza a quienes validaron la distribución de diputaciones de representación proporcional en 2024. El INE aprobó el acuerdo por siete votos contra cuatro; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo confirmó por cuatro votos contra uno. El resultado dio a Morena y sus aliados 364 diputaciones, una mayoría calificada en San Lázaro. Aquella decisión fue legalmente defendida por quienes la aprobaron, pero eso no la vuelve políticamente indiscutible ni borra la controversia sobre su efecto en la representación.
Por eso, quienes votaron por esa asignación o la confirmaron no deberían ser presentados como árbitros neutrales de una reforma que pretende devolverle confianza al sistema. No se trata de negarles derechos ni de dictar una condena personal. Se trata de reconocer que una decisión de tal trascendencia dejó una duda pública que no puede borrarse con discursos sobre el pasado. La reforma electoral exige independencia y credibilidad; para construirlas, el punto de partida no puede ser que los mismos actores decidan, otra vez, las reglas y los equilibrios.
La erosión institucional tampoco se limita al INE. Primero vimos la tómbola como método para definir candidaturas y después los acordeones en la elección judicial, instrumentos que alimentaron dudas sobre la autonomía y la limpieza de los procesos. Se han debilitado instituciones que costaron décadas construir, mientras el oficialismo confunde mayoría con permiso para disponer de ellas. Una mayoría puede aprobar leyes; no puede convertir cada cuestionamiento en una conspiración del pasado ni imponer obediencia como sustituto de legitimidad.
Las consecuencias se sienten más allá de los recintos legislativos. Cuando el Estado pierde autoridad, otros ocupan el espacio que deja vacío. El cobro de piso y la extorsión son, en la vida cotidiana, un impuesto ilegal que la delincuencia exige por la fuerza y que el ciudadano paga porque no encuentra protección suficiente. ¿Con qué autoridad moral se exige respeto a la ley si quienes gobiernan tratan las instituciones como patrimonio de partido y la crítica como una ofensa personal?
El cinismo puede ser útil mientras se controla el poder, pero no lo vuelve eterno. La rueda gira: cambian las mayorías, se cierran los cargos y llega el momento de rendir cuentas ante la historia y ante los ciudadanos. La factura política quedará ligada a los nombres y trayectorias de quienes hoy toman estas decisiones; sus familias heredarán ese apellido público, aunque no la responsabilidad por los actos de sus mayores. El poder termina. Lo que permanece es lo que cada quien hizo con él. Y la devastación institucional no se borra culpando al pasado.
