Federación ha recortado 70% de recursos para combatir
pobreza en niñez de Oaxaca; urge robustecer estrategia: experto

• En la entidad, siete de cada 10 menores de seis años viven en condiciones de pobreza, según el ranking de pobreza en la primera infancia, en el periodo 2018-2020

OAXACA DE JUÁREZ.- El presupuesto federal destinado a menores de seis años que viven en Oaxaca se redujo en 70% de 2018 a 2021, según datos de la iniciativa ciudadana Pacto por la Primera Infancia.

En 2018 se destinaron recursos económicos federales para atender a este sector de la población, a través de diferentes instituciones públicas y programas en materias de salud, educación y vivienda, entre otros, que ascendieron a 2.6 mil millones de pesos, pero en 2019 el monto se redujo a 2.3 mil millones. Para 2020 superó una reducción de 40%, al pasar a mil 245 millones de pesos; ya para 2021 la cantidad llegó a 787 millones, es decir, únicamente 29.9% de lo destinado en 2018.

Los datos del Pacto por la Primera Infancia, basados en las cuentas públicas y en las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) y de los censos del Inegi muestran que el gasto per cápita pasó de 5 mil 775 pesos anuales por niño y niña en 2018 a mil 791 pesos anuales en 2021, es decir, 149 pesos mensuales.

En Oaxaca, siete de cada 10 menores de seis años viven en condiciones de pobreza, según el ranking de pobreza en la primera infancia, en el periodo 2018-2020, elaborado por Pacto por la Primera Infancia.

El ranking colocó al estado en el tercer lugar del país con mayores niveles de pobreza en este sector de la sociedad, por debajo de Chiapas y Guerrero, y aunque en este período hubo una disminución del 1.1 por ciento en la población entre los 0 y 5 años de edad en estas condiciones de pobreza en el estado, aseguró que este decremento es marginal.

Los resultados muestran que en Oaxaca ocho de cada 10 menores de seis años no cuentan con seguridad social; cuatro de cada 10, sin servicios médicos; uno de cada tres, sin alimentación frecuente; seis de cada 10 habitan en viviendas sin servicios básicos; tres de cada 10 no tienen viviendas dignas y uno de 10 no tiene acceso a educación.

Además, se ubicó como la entidad del país con mayor incremento de menores en la primera infancia por falta de servicios de salud. Aunque destacan reducciones marginales en cuatro de las seis carencias que considera el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) para medir la pobreza y la pobreza extrema, el estado presenta altos porcentajes de niños que carecen de seguridad social, servicios de salud y básicos.

“El balance nos está mostrando un reto histórico que tiene la entidad. Por una parte sí advertimos esta mejora, que puede ser marginal, pero sí es necesario contextualizarla: mucho permeado por la pandemia, un incremento de la pobreza generalizado a lo largo del país. Si bien no es una gran mejora, algo se hizo que mejoró; sin embargo, también implican retos históricos que tiene la entidad”, afirmó Alberto Sotomayor, coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia, en entrevista con EL UNIVERSAL.

El investigador, no obstante, advirtió que para 2022 hubo un incremento del presupuesto asignado a la primera infancia en el país por el gobierno federal y que se debió a dos causas fundamentales: la primera, a un reacomodo de recursos que ya existían y que no se estaban contabilizando para la primera infancia; la segunda, por el surgimiento de otros programas federales en los que se aumentó la asignación presupuestal.

“Aún y cuando va mejorando el monto para la primera infancia, sigue estando muy bajo dadas las necesidades y la importancia que esto tiene. Cuando divides el presupuesto por cada niña y niño, estamos hablando de más de 12 millones en primera infancia, se gasta menos que una beca del Bienestar”.

El 65% del presupuesto destinado a la primera infancia se usa en temas relacionados con la salud, 21% en protección social y 13% en educación.

También resaltó que hubo una intervención de programas públicos, los cuales desaparecieron y de los que había bastante evidencia sobre su efectividad, como las estancias infantiles o la transición del Seguro Popular al Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar (Insabi), que ha generado dudas sobre su capacidad, y la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo.

Sotomayor opinó que si Oaxaca desea superar estas condiciones de pobreza en los niños y niñas menores de seis años de edad se requieren dos cosas. La primera es una mayor inversión pública por parte del gobierno; pero por otro lado, dice, hay que reconocer que no todo es dinero, por lo que se requiere mayor coordinación institucional.

“Las pocas políticas que haya, que se hablen, que estén coordinadas o mejorar la calidad de las políticas. Que tengan estos componentes integrales. No es posible disociar estos elementos del desarrollo integral”.

Regularmente, dice, se tienen políticas públicas inconexas. “A lo mejor una política del DIF no se habla con una política de salud o la educativa no se habla con otro tipo. Sí gastar más, gastar de manera inteligente y que las políticas sean más robustas y que se hablen.

Pocos recursos requieren de la participación del aparato administrativo y de la sociedad civil y de empresas, buscar alternativas para tener respuestas a los problemas que tiene el país y Oaxaca en particular”, sostiene.