La cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por mayoría calificada la modificación de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política para suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos como violencia familiar, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres, entre otros.
Además, esta ley también contempla la imposibilidad de que las personas declaradas como deudoras alimentarias morosas puedan ser candidatas para cualquier cargo de elección popular o ser nombradas para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
La ley también incorpora lenguaje inclusivo y requisitos más precisos para ser titular de la fiscalía general de la República. La iniciativa “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral del 2021, y hoy se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo público cuando se tiene sentencia firme por delitos de esta naturaleza.
Con esta reforma, se busca erradicar la violencia de género y se deja en claro que los violentadores son delincuentes que deben ser sancionados, no premiados con cargos públicos. La Diputada Federal Irma Juan Carlos del grupo de Morena afirmó que este es un paso importante, pero que se debe seguir trabajando para desterrar las causas que originan la violencia.