El estado de Oaxaca está en el centro de la atención nacional debido a las recientes acciones del Gobierno del Estado, la FiscalÃa General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el Tribunal Superior de Justicia en el caso de MarÃa Elena RÃos Ortiz. Juan Antonio Vera Carrizal, empresario involucrado en el caso, fue absuelto del delito de feminicidio en grado de tentativa por un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca deshabilitó al Tribunal de Debate, lo que impidió que se dictara sentencia. Los abogados de Vera Carrizal han señalado que esta acción podrÃa implicar un intento de juzgarlo nuevamente por el mismo delito, lo que contravendrÃa el principio de *non bis in idem*.
El gobernador Salomón Jara Cruz se ha pronunciado sobre la revocación de la liberación de Vera Carrizal, y ha emitido crÃticas hacia el juez José Gabriel RamÃrez Montaño, quien habÃa dictado la absolución. Este caso ha generado un amplio debate y ha captado la atención de juristas y académicos, quienes están examinando las implicaciones legales de las acciones tomadas por las autoridades oaxaqueñas.
