* El SAT exige 10 millones a Santa Lucía del Camino; Dante Montaño se deslinda pese a evidencias
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino el pago de una deuda millonaria por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), acumulada durante las administraciones de Raúl Cruz González y Dante Montaño Montero. Este último, ahora diputado local, niega su responsabilidad y califica las acusaciones como persecución política, pese a que las pruebas documentales lo contradicen.
El origen de la deuda
El adeudo al SAT asciende a más de 10 millones de pesos, incluyendo recargos, y corresponde a retenciones del ISR que no fueron entregadas al organismo federal entre 2017 y 2021. Durante la gestión de Raúl Cruz (2017-2019) se acumularon más de 6 millones, mientras que en el trienio de Dante Montaño (2019-2021) la cifra superó los 3 millones. De acuerdo con el actual presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, estas irregularidades representan un daño severo al erario público.
El SAT notificó recientemente al municipio sobre el adeudo y advirtió que congelará sus cuentas bancarias si no se cumple con el pago.
Esto llevó a García Márquez a presentar denuncias penales contra ambos exalcaldes ante la Fiscalía General de la República (FGR), calificando el caso como un claro desvío de recursos.
En respuesta, Dante Montaño, actual diputado local por el Partido del Trabajo (PT), negó cualquier responsabilidad en la deuda. En redes sociales, declaró: “Yo entregué buenas cuentas, el que nada debe, nada teme”, incluso dijo que debería regresar para “poner orden” en Santa Lucía del Camino. Sin embargo, documentos oficiales del SAT confirman que durante su administración no se pagaron los montos retenidos a los trabajadores y además retuvo dietas a algunos regidores cuando supo que perdió la reelección.
Montaño ha intentado desviar la atención acusando a la actual administración municipal de negligencia y señalando supuestas irregularidades en otros rubros. Estas declaraciones han sido percibidas como un intento cínico por evadir su responsabilidad frente a las pruebas contundentes.
¿Por qué hasta ahora?
Aunque las irregularidades se conocían desde diciembre 2022, fue hasta que el SAT emitió un ultimátum que se presentó la denuncia formal. Esto pone en evidencia fallas en los mecanismos para sancionar a funcionarios públicos que incurren en mal manejo de recursos.
Sancionar a corruptos en la nueva Constitución
Este caso subraya la necesidad urgente de reformas legales en Oaxaca. La nueva Constitución estatal debería incluir disposiciones claras para vetar permanentemente a servidores públicos que incurran en desvíos o mal manejo de recursos.
Casos como el de Dante Montaño evidencian cómo algunos políticos compensan su incapacidad con cinismo descarado, perpetuando prácticas dañinas para las finanzas públicas.
Mientras tanto, los habitantes de Santa Lucía del Camino enfrentan las consecuencias: un municipio limitado financieramente por errores pasados y una deuda que compromete más del 50% del presupuesto destinado a obras públicas.
NADIA SANABIA