Fernando Schütte Elguero
El gobierno federal ha decidido cargar el costo de su austeridad sobre los hombros de quienes menos culpa tienen: los trabajadores públicos de base. Por primera vez en décadas, no habrá aumento salarial anual para los empleados del gobierno. Tampoco recibirán la compensación garantizada que solía llegar junto con el aguinaldo y, como si fuera poco, muchos han sido obligados a comprar boletos de la rifa de la Lotería Nacional. El mensaje es brutal: quienes sostienen el aparato administrativo del país deben financiar, a la fuerza, la narrativa de una administración que se vende como austera, mientras sus cercanos se enriquecen sin medida.
No se trata de un sacrificio aislado. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, los sueldos de la alta burocracia fueron reducidos drásticamente. El discurso oficial lo justificó como una manera de cortar privilegios. Sin embargo, la realidad es que esa política de tijera se convirtió en un castigo indiscriminado que hoy golpea a miles de trabajadores que no viven de la corrupción ni de contratos inflados, sino de un salario que cada vez rinde menos.
Mientras tanto, funcionarios leales al presidente, amigos de sus hijos y operadores políticos han encontrado la forma de enriquecerse en la sombra de los programas sociales y de contratos públicos opacos. Esa es la doble moral del sexenio: austeridad para los que trabajan y abundancia para los que obedecen. La corrupción ha prevalecido durante sexenios, convirtiéndose en una práctica enquistada en el poder que se recicla con cada gobierno, sin importar el partido o la ideología.
Es cierto que se presume haber sacado a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Pero nadie explica con claridad cuál fue el costo real de esa proeza para el erario. Buena parte se sostiene en subsidios financiados con deuda y en el adelgazamiento de las condiciones laborales de los servidores públicos. El resultado: un Estado que presume logros sociales mientras erosiona su propia columna vertebral burocrática.
México arrastra una enorme carga administrativa. El aparato del Estado sigue siendo elefantiásico en número, pero miserable en salarios. Es una paradoja cruel: tenemos una burocracia voluminosa y, al mismo tiempo, mal pagada. Un burócrata sin incentivos, precarizado y resentido es presa fácil de la corrupción y del mal servicio a la ciudadanía. Al quitarles lo poco que tenían, el gobierno no combate la deshonestidad: la fomenta.
La presidente Claudia Sheinbaum ha declarado que no se obliga a los burócratas a comprar boletos de la Lotería Nacional. Pero “ella tiene otros datos”, porque la realidad es que sí los están obligando. Lo que se vende como disciplina republicana no es más que rapiña burocrática: se les roban aumentos, se les quitan prestaciones y todavía se les exprime con rifas. Austeridad no es despojo, y mucho menos chantaje disfrazado de política pública.
@FSchutte
Consultor en seguridad y analista político.