- La Agencia de la ONU para los Refugiados reconoció el trabajo del gobierno de Salomón Jara en el retorno de 63 familias a San Juan Juquila Mixes.
- El caso marca un precedente nacional en materia de desplazamiento forzado interno.
NADIA SANABIA
San Juan Juquila Mixes, Oaxaca, 4 de noviembre del 2025.- Daniel MacGuire, oficial superior de protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), reconoció la disposición del gobierno de Oaxaca para proteger y restaurar los derechos de las personas obligadas a dejar sus comunidades, así como el acompañamiento del aparato gubernamental estatal, en el marco del regreso de 63 familias desplazadas a la agencia de Guadalupe Victoria, Juquila Mixes, este lunes 4 de noviembre.
El retorno se concretó después de 8 años y 10 meses de que estas familias abandonaran sus hogares de manera forzada, en lo que representa un hecho sin precedentes en Oaxaca y un referente a nivel nacional en materia de construcción de paz y derechos humanos.
El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la ceremonia de retorno en la que participaron la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, representantes de los tres poderes del estado y el gabinete legal y ampliado de la administración estatal. “Somos testigos de un acto histórico, el retorno de familias víctimas del desplazamiento forzado interno ocurrido el 7 de enero de 2017. Estén seguras y seguros que mi administración no abandonará nunca a Guadalupe Victoria”, afirmó el mandatario.
Un conflicto de casi una década
El desplazamiento se originó el 7 de enero de 2017 en medio de un conflicto poselectoral que escaló a violencia armada. Durante los enfrentamientos, el menor de edad José Antonio Pérez Manuel, de 15 años, perdió la vida, y ocho personas más resultaron lesionadas. El origen del conflicto combina factores políticos locales con un añejo problema agrario por límites territoriales entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec que se remonta a una Resolución Presidencial de 1975.
En total, 168 familias —aproximadamente 471 personas— fueron desplazadas de Guadalupe Victoria. De ellas, 63 familias decidieron retornar en esta primera etapa, mientras que 105 familias optaron por la reubicación en otros territorios.
Marco legal pionero
Oaxaca, gobernado por el morenista Salomón Jara, cuenta con 23 casos documentados de desplazamiento forzado interno y se convirtió en septiembre de 2024 en el quinto estado del país en contar con una legislación específica sobre el tema, pero el primero en tipificar como delito tanto el desplazamiento arbitrario como la negación de retorno.
La Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por el Congreso local el 2 de septiembre de 2024 con 32 votos a favor, establece penas de prisión de 10 a 18 años y multas de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes cometan este delito. Las sanciones se agravan hasta una tercera parte cuando el delito es cometido por servidores públicos, se emplean armas de fuego o se atenta contra el desarrollo psicosexual de mujeres desplazadas, pudiendo alcanzar hasta 24 años de prisión.
Con el acompañamiento técnico de ACNUR, la norma busca proteger a las personas contra el desplazamiento forzado, así como atender y reparar las consecuencias de este fenómeno. Establece también la creación de un Registro de Personas en Desplazamiento Forzado Interno y garantiza derechos como asistencia humanitaria, acceso a educación, información culturalmente adecuada, atención médica y oportunidades de subsistencia.
Proceso de diálogo sin precedentes
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, destacó que este retorno es resultado de más de 60 encuentros de diálogo sostenidos desde marzo de 2023, cuando inició la administración de Jara Cruz con el proyecto denominado “Primavera Oaxaqueña”.
“Es el inicio de una nueva etapa, por lo que invito a quienes retornan a trabajar en la reconstrucción, ya que la paz se sostiene cuando los pueblos y gobiernos caminan juntos, cuando el diálogo sustituye al conflicto y la confianza vuelve a echar raíces”, señaló Romero López, quien aseguró que las familias contarán con acompañamiento permanente del Estado.
Por primera vez en la historia de Oaxaca, un gobierno estatal planificó, diseñó y ejecutó un proceso de retorno asistido, digno y seguro, con la observación de organismos internacionales de derechos humanos. Además de ACNUR, participaron en distintas etapas del proceso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) y la Organización Internacional para las Migraciones.
Respuesta integral del gobierno estatal
Durante el evento, diversos secretarios del gabinete estatal informaron sobre las acciones implementadas para garantizar el retorno digno y el restablecimiento de servicios básicos en la agencia.
En materia educativa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) contrató a 10 maestros para los tres niveles escolares —preescolar indígena, primaria y telesecundaria— que reiniciaron clases en septiembre de 2025 tras ocho años sin servicio educativo presencial.
El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) inició trabajos de impermeabilización y reparación de los tres centros escolares con los que cuenta la agencia.
En el sector salud, las autoridades estatales informaron que rehabilitaron la clínica de la comunidad, la cual cuenta con abasto de medicamentos.
Ambulancia
Durante el evento, el gobernador Jara autorizó la compra de una ambulancia para la agencia, petición formulada por el secretario municipal Amado Martínez Pérez.
Los servicios del Registro Civil se están otorgando de manera gratuita en la comunidad. La Secretaría del Bienestar del estado inició censos para incorporar a los pobladores de la agencia a programas de asistencia social.
El Sistema DIF Oaxaca entregó cobijas y apoyo alimentario, además de abrir censos para programas de asistencia que incluyen apoyos para familias en situación de vulnerabilidad, atención nutricional y desarrollo comunitario.
También participaron en las acciones de acompañamiento la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación de Delegados de Paz Social (CDPAZ); la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), encabezada por Flor Estela Morales Hernández; la Secretaría de Seguridad Pública quien dio a conocer que 20 elementos y dos patrullas se mantendrán de manera permanente en la agencia; y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Voces de la comunidad
El agente municipal de Guadalupe Victoria, Indulgencio Flores, y el secretario comunitario Amado Rodríguez Pérez coincidieron en que este retorno es una muestra de que los pueblos son escuchados y tomados en cuenta por la actual administración.
Las familias que retornan enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas después de casi nueve años de desplazamiento. Durante ese tiempo, muchas perdieron cosechas, animales y pertenencias que fueron saqueadas. Algunas familias lograron mantener a sus hijos en el sistema educativo gracias a programas de educación a distancia, pero la mayoría de los niños y adolescentes estuvieron fuera de las aulas durante esos años.
Un problema histórico en Oaxaca
El desplazamiento forzado interno ha sido una problemática recurrente en Oaxaca durante décadas, afectando principalmente a pueblos y comunidades indígenas por conflictos agrarios, políticos y sociales.
En 2019, la entidad ocupó el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Actualmente la entidad enfrenta 23 casos de desplazamiento forzado interno.
Entre los casos documentados se encuentran comunidades como Tierra Blanca Copala, San Juan Copala, San Miguel Copala, así como localidades de Villa Sola de Vega. En 2021 se sumaron nuevos desplazamientos en comunidades como Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, casos que aún permanecen sin solución.
El conflicto más reciente tuvo lugar entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, donde el conflicto agrario escaló y resultó en dos muertos, la quema de viviendas y el desplazamiento de alrededor de 240 personas.
El caso de Guadalupe Victoria representa un modelo de atención que, según autoridades estatales y organismos internacionales, puede replicarse para atender otros casos de desplazamiento en el estado y servir como referente nacional para la implementación de políticas públicas enfocadas en el retorno seguro y la reconstrucción del tejido social.
Con este retorno, el gobierno de Oaxaca busca sentar un precedente en la atención integral del desplazamiento forzado interno, un fenómeno que, según el Observatorio de De