Por Fernando Schütte Elguero
El llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia llega en un momento crítico tras una nueva oleada de violencia en la entidad; el gobierno federal anunció más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, con 12 ejes estructurales que van desde seguridad y justicia hasta vivienda y bienestar social.
En materia de seguridad, el plan contempla la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal, la creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión y el despliegue de más de 10,000 elementos federales. Sin embargo, el autor cuestiona que el componente más publicitado haya sido el gasto social: 37,450 millones de pesos para becas y programas del Bienestar destinados a 1.5 millones de michoacanos.
Schütte Elguero sostiene que los ciudadanos no piden dádivas sino seguridad: “Con seguridad vienen las inversiones, los empleos y el bienestar genuino. Sin seguridad, cualquier programa social se convierte en paliativo político, en herramienta de control electoral o en otro canal para la corrupción.”
El texto denuncia además una serie de escándalos de corrupción que, a juicio del autor, buscan ocultarse tras los anuncios de seguridad: contratos irregulares, adjudicaciones a empresas vinculadas al poder y desvíos en programas sociales, factores que impiden que los esfuerzos de seguridad rindan frutos reales si no se sanciona la impunidad.
Por ello, el articulista llama a considerar la manifestación convocada para el 15 de noviembre como la continuación del reclamo ciudadano por justicia y seguridad: “La paz no se decreta ni se compra, se conquista con verdad, con justicia y con memoria.” Advierte que el Estado debe priorizar la seguridad real y no negociar con el crimen como vía para obtener un mal menor.
El autor concluye recordando la necesidad de exigir a los gobiernos el cumplimiento de su deber para garantizar la seguridad como condición indispensable del desarrollo y la paz social.
@Fschutte — Comentócrata