Fiscal asegura voluntad política, admite infiltración y adelanta reestructuración “en lo inmediato” en materia de seguridad y justicia
PARTE I
NADIA SANABIA/PERIODISTAS OAXACA
“¿Qué están haciendo con esto, eh fiscal?” La pregunta cayó sin rodeos. Del otro lado, Bernardo Rodríguez Alamilla tampoco esquivó: hay policías que forman parte de células delictivas en Oaxaca.
Lo ha detectado la fiscalía, lo sabe el gobierno estatal, y ahora lo dice en voz alta un funcionario que entiende que el combate al crimen organizado no es un asunto que se resuelva con discursos.
“Algunos elementos que desafortunadamente hemos detectado forman parte de grupos o células delincuenciales”, dijo Rodríguez Alamilla en entrevista. Sin eufemismos. Sin medias palabras. Hay elementos policiacos integrados al crimen organizado, la fiscalía estatal ha detenido e iniciado procesos penales contra los agentes que han detectado.
El fiscal fue claro: esto no es un fenómeno exclusivo de Oaxaca. La infiltración del crimen organizado en corporaciones policiacas trasciende al ámbito nacional y ocurre en países de todo el mundo. Una realidad que en otras naciones con fenómenos delictivos más arraigados ha costado décadas apenas contener, nunca erradicar del todo.
Cuando se le preguntó si podía dar una cifra de cuántos elementos están infiltrados en Oaxaca, Rodríguez Alamilla no ofreció números exactos. Lo que sí reconoció es que se trata de un problema estructural que no se limita a una región específica del estado.
Más allá de reconocer el problema, el fiscal planteó algo que suele quedar fuera del discurso oficial: para enfrentar esto se necesita un diagnóstico honesto y voluntad política real.
El diagnóstico existe, según Rodríguez Alamilla. Lo que marca la diferencia es lo otro: “La realidad es que hay que aceptar esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? Modificar eso, cambiar la manera. Y para eso se requiere muchas cosas, primero insisto: voluntad”.
¿Esa voluntad política existe? El fiscal aseguró que sí, tanto a nivel estatal como federal. “Esa me parece que está muy clara, si no, no se hubieran podido hacer varias de estas detenciones que se han hecho”, argumentó. Se refería a las detenciones de elementos de seguridad que han sido procesados, no solo de corporaciones policiacas sino también del personal de la propia fiscalía.
“Hemos realizado detenciones de compañeros que desafortunadamente han probado su participación en ciertos actos delictivos, pero también de las demás corporaciones”, admitió el funcionario. Un reconocimiento que implica mirar hacia adentro, algo que no todas las instituciones están dispuestas a hacer.
Sin controles de confianza: el caso que evidencia el problema estructural
Cuando se le preguntó sobre los exámenes de control de confianza, el fiscal reveló un dato que dimensiona la profundidad del problema: el elemento de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) detenido recientemente por un multihomicidio en Juchitán ni siquiera había sido sometido a procesos de control y confianza.
“La última persona que se detuvo, entiendo que no necesariamente había, no ni siquiera había sido sometido a estos procesos”, reconoció Rodríguez Alamilla. Más grave aún: esa persona tenía 13 años trabajando dentro de la corporación sin haber pasado por esos filtros.
El fiscal atribuyó esta situación a un “rezago histórico” y reiteró que el problema es estructural. “No es que de la noche a la mañana el personal se haya contratado”, explicó, admitiendo que todavía hay mucho personal que no ha sido sometido a controles de confianza.
Este reconocimiento refuerza lo que el funcionario había planteado antes: se necesita que el personal que esté dentro de corporaciones de seguridad, procuración de justicia o administración “cuente con ciertos perfiles mínimos básicos para poder estar ahí, elementos de control y confianza y otros más que de alguna manera te ayudan”.
Aunque aclaró que cumplir con esos elementos no garantiza que una persona no se involucre en fenómenos delictivos, sí ayuda a que “muy pocos de ellos se salgan de esa ruta”.
Una reestructuración de fondo
Pero el fiscal fue más allá del diagnóstico. Reveló que existe en ciernes una reestructuración de los organismos gubernamentales encargados de seguridad y justicia que deberá implementarse “en lo inmediato”. Se trata de una modificación estructural que integra los ámbitos municipal, estatal y federal, y que tendrá que pasar por el poder legislativo.
El nuevo andamiaje, según explicó Rodríguez Alamilla, busca que la Fiscalía trabaje en conjunto con las dependencias de seguridad pública y los tribunales para dar mejores resultados a la ciudadanía. No se trata de ajustes menores sino de un replanteamiento de cómo operan estas instituciones y cómo se coordinan entre sí.
Esta reestructuración es parte de la respuesta al problema de infiltración y también a otras deficiencias estructurales del sistema de justicia que requieren cambios legislativos para poder implementarse.
Policías municipales: el eslabón más débil
Hay un punto especialmente vulnerable en este mapa de infiltración: las policías municipales. Rodríguez Alamilla fue directo: son “la parte más débil digamos dentro de la ecuación”. ¿Por qué? Porque forman parte de estructuras municipales que “en muchas de las ocasiones no cuentan con las herramientas que a nivel estatal quizás se tienen”.
Sin capacitación adecuada, sin recursos, sin mecanismos de control y confianza robustos, los cuerpos policiacos municipales quedan expuestos. “Es mucho más factible digamos que se permita ese tipo de situaciones”, advirtió el fiscal sobre cómo el crimen organizado aprovecha estas brechas.
La conversación con el fiscal dejó algo claro: el fenómeno del crimen organizado infiltrando corporaciones no es algo que se pueda tomar a la ligera ni resolver exclusivamente con operativos, -aunque estos últimos siempre serán parte del proceso. Es un problema estructural que rebasa fronteras estatales, que ocurre en todo México y en otras partes del mundo, y que requiere diagnóstico, honestidad institucional, voluntad política sostenida en el tiempo, y cambios de fondo en cómo operan las instituciones de seguridad y justicia.
Que un elemento con 13 años de antigüedad no haya pasado controles de confianza evidencia la magnitud del rezago. En países donde el crimen tiene décadas de arraigo, las victorias son parciales y el combate no termina nunca. Rodríguez Alamilla lo sabe. Por eso no se queda solo en reconocer la realidad: habla de diagnósticos, de voluntad política en todos los niveles que obligatoriamente implicarán cambios legislativos, de terminar con eln rezago en controles básicos que no existían, de cambiar la manera en que trabajan las instituciones.
Y esta reestructuración de fondo— , aseguró el fiscal oaxaqueño, ya está en ciernes.