Agentes de la Fiscalía de Oaxaca y de la Policía de Investigación de la CDMX ejecutaron un operativo conjunto en los Valles Centrales para detener a Gabriela G. C., de 43 años, quien permaneció prófuga 38 días tras la muerte de Roberto Hernández, repartidor de 52 años cuyo cuerpo fue arrastrado casi dos kilómetros bajo un automóvil.
Un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía capitalina permitió la detención de Gabriela G. C., identificada como Gaby “N”, enfermera de 43 años a quien se imputa el delito de homicidio calificado por la muerte del motociclista Roberto Hernández, ocurrida el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
La captura se concretó la madrugada de este martes 10 de febrero en inmediaciones de Ejutla de Crespo, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, según confirmó la FGEO en su boletín 2,180. Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México se trasladó a Oaxaca la noche del domingo para ejecutar la orden de aprehensión.
Lo que pasó aquella noche
La noche del 3 de enero, Roberto Hernández salió de su casa en Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, a recoger a su pareja del trabajo en Nezahualcóyotl. Tenía 52 años, era repartidor de Lácteos Lala desde hacía más de una década y padre de familia. Nunca llegó.
Alrededor de las 22:00 horas, en el cruce de Anillo Periférico Oriente y Eje 6 Sur, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Roberto esperaba el cambio de semáforo cuando un Honda City azul, modelo 2017, con placas E85-BPC, lo embistió por la parte trasera. Las cámaras del C5 y videos de testigos captaron el momento: el cuerpo del motociclista quedó atrapado bajo el chasis del automóvil.
Lo que siguió fue lo que convirtió este caso en una herida abierta para cientos de miles de personas: la homicida no se detuvo a pesar de que otros conductores tocaron el claxon, gritaron e intentaron alertar a la mujer al volante. No se detuvo. Arrastró el cuerpo de Roberto casi dos kilómetros por calles de Iztapalapa, hasta que un tope en la colonia Constitución de 1917 lo liberó. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Roberto ya no tenía signos vitales.
Su madre lo recordaría días después en el velorio: “Siempre fue muy buen hijo. Me dijo: no te preocupes, mamita, mientras yo viva, tendrás tu alimento seguro”.
38 días prófuga
Tras el atropellamiento, la conductora se dirigió a su domicilio en Nezahualcóyotl, Estado de México. Según testimonios de familiares recogidos por medios de comunicación, llegó visiblemente alterada —sin indicios de haber consumido alcohol o drogas—, recogió pertenencias y se fue. El Honda City apareció dos días después, abandonado en la colonia Ciudad Lago de Nezahualcóyotl: sin placas, con la cajuela abierta y daños en la parte baja que correspondían con el arrastre.
La Fiscalía capitalina identificó a la propietaria del vehículo mediante análisis de videograbaciones, peritajes mecánicos y reconstrucción de hechos. Se giró orden de aprehensión por homicidio calificado —una reclasificación respecto a la tipificación inicial de homicidio culposo que la familia había exigido desde el funeral—. El 26 de enero se cateó un domicilio en Chimalhuacán donde se creía que podía esconderse: solo encontraron a una prima, quien confirmó que su familiar seguía huyendo. Reportes periodísticos indicaron que el hermano de la imputada habría salido del país y otros familiares abandonaron sus casas.
La captura en los Valles Centrales
El rastro de Gabriela G. C. condujo a Oaxaca. La FGEO informó que la localización fue resultado de “investigaciones ministeriales y trabajos de campo” propios, en colaboración con la Fiscalía de la Ciudad de México; elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca participaron directamente en el operativo.
La noche del domingo 9 de febrero, personal de la PDI capitalina se trasladó al estado. La aprehensión se ejecutó durante la madrugada del lunes en inmediaciones de Ejutla de Crespo. En un video difundido por el reportero Carlos Jiménez, se escucha a un agente notificarle: “Usted está imputada por homicidio calificado”.
No se ha informado si la mujer tenía vínculos previos en la región o cómo llegó hasta allí. Tras la detención, fue entregada a las autoridades ministeriales de la Fiscalía capitalina y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde un juez definirá su situación jurídica.
Lo que viene: el proceso y la pena
La orden de aprehensión de la Fiscalía de la Ciudad de México es por homicidio calificado, que conforme al artículo 123 del Código Penal capitalino prevé una pena de 8 a 20 años de prisión. Hay un detalle que no es menor: el boletín de la FGEO consignó el delito como homicidio culposo. Es una tipificación distinta a la que maneja la fiscalía que lleva el caso. El proceso penal se desahogará en la Ciudad de México, por lo que la clasificación que rige es la de la autoridad capitalina. En cumplimiento del principio de presunción de inocencia, la imputada será considerada inocente hasta que exista sentencia firme.
El eco: indignación y la Ley Roberto
La muerte de Roberto Hernández se volvió un caso nacional. Colectivos de motociclistas cerraron calles, realizaron rodadas y exigieron justicia en Iztapalapa y otros puntos de la Ciudad de México. De esa movilización nació la propuesta de la Ley Roberto, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra conductores que maten en hechos viales y huyan.
La iniciativa plantea considerar como agravantes el arrastre de la víctima, el abandono de la escena y la omisión de auxilio. Aún no ha sido presentada formalmente ante el Congreso capitalino, pero la diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, ha declarado que trabaja con asociaciones de motociclistas y repartidores para integrar una minuta. La detención de esta madrugada es un avance para la familia de Roberto, pero como dijo su hermano Rodrigo al exigir la reclasificación del delito: “Arrastrar a alguien kilómetro y medio no tiene nada de accidente”.