Fernando Schütte Elguero
El gobierno federal ha decidido medir la seguridad en México a partir de un indicador tan espectacular como problemático: el número de detenidos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha afirmado en distintas intervenciones públicas que, desde el inicio del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, se han detenido alrededor de treinta y tres mil personas. La cifra se repite, se presume y se celebra. El problema es que no aparece en ninguna parte.
Cuando se revisan los datos oficiales del sistema penitenciario nacional, el discurso se desmorona. La población privada de la libertad no creció en esa magnitud. Los ingresos y egresos a prisión prácticamente se compensaron. El número de personas en proceso aumentó apenas unos miles. En los centros federales, los ingresos fueron marginales. No existe un reflejo estadístico que corresponda, ni de lejos, a una oleada de treinta y tres mil nuevos detenidos bajo custodia del Estado.
La pregunta, entonces, es inevitable y profundamente incómoda: ¿dónde están?
No están en los penales estatales. No están en los centros federales. No están contabilizados como personas vinculadas a proceso. No están en las cifras de crecimiento real del sistema penitenciario. Y si no están ahí, no basta con decir que “fueron detenidos”. En un Estado de derecho, detener no es retener unas horas, exhibir en una conferencia o soltar sin consecuencias. Detener implica judicializar, procesar y someter al escrutinio de un juez.
La primera explicación posible es la más cínica: una política de detenciones administrativas masivas, de corta duración, diseñadas para inflar resultados y alimentar la narrativa de eficacia. Arrestos que no llegan a tribunales, que no superan el umbral probatorio y que terminan en liberaciones silenciosas. Detenciones que sirven para el discurso, pero no para la justicia.
La segunda explicación es aún más grave: un sistema que no puede dar trazabilidad a las personas que priva de la libertad. Un aparato de seguridad que detiene sin saber, o sin informar, dónde quedan esas personas dentro del engranaje institucional. En cualquier democracia funcional, eso encendería todas las alarmas.
Aquí es donde el problema deja de ser operativo y se vuelve político. Porque si la Secretaría de Seguridad presume cifras que el sistema penitenciario no respalda, el vacío no es técnico, es institucional. O las fiscalías no judicializan. O los ministerios públicos archivan. O los jueces no reciben. O alguien está inflando números sin sustento legal.
La seguridad no se mide en comunicados ni en conferencias. Se mide en procesos, en sentencias y en consecuencias. Un gobierno que no puede explicar dónde están sus propios detenidos no transmite fuerza. Transmite opacidad. Y en materia penal, la opacidad no genera seguridad. Genera arbitrariedad, desconfianza y un Estado que presume control mientras pierde credibilidad.
Treinta y tres mil detenidos que no aparecen no son un logro. Son una acusación.
@FSchutte
Consultor y analista