Fernando Schütte Elguero
México atraviesa una etapa en la que la violencia dejó de ser una crisis episódica para convertirse en una condición estructural. Lo que antes se percibía como regiones aisladas o episodios extraordinarios hoy forma parte de la vida cotidiana. La suma de ejecuciones, secuestros, hallazgos de restos humanos, ataques armados en zonas urbanas y la expansión del crimen organizado evidencian un deterioro profundo del Estado.
Los hechos recientes son ilustrativos. En Puebla, un ataque armado dejó muertos y heridos en plena zona urbana, tras semanas de vigilancia de los sicarios sobre su objetivo. En Veracruz, hieleras con restos humanos aparecieron a escasos metros de instalaciones policiales, en una demostración abierta de desafío a la autoridad. En la Ciudad de México, una mujer fue asesinada con decenas de disparos en la vía pública, una escena que hace apenas unos años habría provocado conmoción nacional y que hoy apenas ocupa unas líneas en la prensa.
Estos episodios no son anomalías: son síntomas de un sistema que no funciona. La policía, en muchos casos, está rebasada o infiltrada; centenares de elementos en algunos estados reprueban controles de confianza cada año, revelando la fragilidad institucional desde su base misma. El Ministerio Público acumula expedientes mal integrados y casos que se derrumban por errores procesales o incapacidad técnica. Los jueces, enfrentados a investigaciones deficientes, terminan liberando a acusados o concediendo amparos, lo que alimenta la percepción social de impunidad. Y el sistema penitenciario, lejos de rehabilitar, reproduce redes criminales y permite que muchos operadores regresen a delinquir.
La consecuencia es un círculo vicioso: la impunidad alimenta el delito y el delito profundiza la descomposición institucional.
Pero hay un factor menos visible, aunque igual de determinante: la educación. Un país que no forma ciudadanos críticos, disciplinados y con sentido de responsabilidad, y con bases morales firmes, difícilmente puede aspirar a fortalecer su Estado de derecho. La orientación ideológica introducida en materiales educativos, privilegiando el adoctrinamiento y la narrativa política sobre el rigor académico, amenaza con debilitar aún más la capacidad del país para formar generaciones preparadas para enfrentar problemas complejos. La propia discusión pública en torno a los libros de texto confirma que el debate educativo ha sido sustituido por una disputa ideológica que poco tiene que ver con la calidad del aprendizaje.
Un país con instituciones débiles y ciudadanos mal formados enfrenta un horizonte incierto. La violencia no se resuelve solo con operativos ni con discursos. Requiere reconstruir policías profesionales, fiscalías técnicas, jueces independientes y un sistema penitenciario funcional. Pero también exige una educación que forme criterio, que enseñe a distinguir el bien del mal y que recupere la noción de responsabilidad personal.
Y, sin embargo, el problema de fondo es todavía más grave: México no sólo enfrenta un Estado rebasado, sino una larga cadena de gobiernos que han confundido gobernar con hacer política. Durante años, autoridades de distintos niveles y partidos toleraron la infiltración del crimen, permitieron la corrupción de corporaciones policiales, debilitaron fiscalías, politizaron la justicia y abandonaron la educación a experimentos ideológicos. La violencia que hoy vivimos no apareció de la noche a la mañana: es el resultado acumulado de decisiones equivocadas, de omisiones deliberadas y, en muchos casos, de una abierta negligencia en el ejercicio del poder.
Mientras el país se desangra, el poder discute narrativas, administra percepciones y protege proyectos políticos personales (en lugar de imponer el orden de la ley, garantizar la seguridad y preservar la estabilidad). La violencia que hoy vemos no es únicamente obra del crimen organizado. Es también el resultado de la incapacidad y de la renuncia del Estado a ejercer plenamente su autoridad.
Y cuando los gobiernos se dedican más a la política que al gobierno, la consecuencia inevitable es que otros (los violentos, los criminales, los que imponen el miedo) terminan gobernando en su lugar. Porque el poder que no se ejerce para imponer la ley, alguien más lo ejerce para imponer el terror. Y esa es la verdad más dura de nuestro tiempo: en demasiadas regiones de México, el Estado no perdió el control de un día para otro; lo fue abandonando, poco a poco, hasta dejar a los ciudadanos solos frente a la violencia.
@FSchutte
Consultor y analista