Quince años respirando humo. Una suspensión de amparo desacatada. Alertas ambientales que se repiten como estación. Y un contraste que cabe en 24 horas: mientras el gobierno estatal movilizó de inmediato a Protección Civil, policía vial, bomberos, Turismo y Desarrollo Económico para atender el incendio de palapas en Punta Zicatela la madrugada del viernes 6 de marzo, los habitantes de Bajos de Chila —a escasos kilómetros— siguen esperando una solución definitiva al basurero que los envenena desde hace década y media.
Este sábado, pobladores de Bajos de Chila cerraron la carretera federal 200 a la altura del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido. La exigencia es concreta: el cierre del tiradero municipal de San Pedro Mixtepec y que se apague el incendio que, una vez más, cubre a la comunidad de humo tóxico.
El relleno sanitario de Mixtepec recibe diariamente las toneladas de desechos que genera Puerto Escondido, uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en el Pacífico mexicano —casi 950 mil pasajeros cruzaron su aeropuerto en 2025—. Bajos de Chila, con sus 6,694 habitantes, carga con la basura que ese crecimiento produce. Los incendios en el tiradero se repiten cíclicamente: diciembre de 2024, febrero de 2026, y ahora marzo. El humo provoca dolores de cabeza, infecciones respiratorias y de garganta, y un temor creciente entre las madres de familia por enfermedades crónicas a largo plazo.
La vía jurídica no ha funcionado. Desde junio de 2024, un juez federal prohibió la quema en el basurero y ordenó acciones de remediación ambiental. En enero de 2025, ante el desacato, el mismo juzgado dio un ultimátum de 24 horas al gobernador y a las autoridades municipales. Los incendios continuaron. La separación de basura que proponen las autoridades ha sido calificada por los propios habitantes como un parche imposible: no hay espacio, no hay maquinaria funcional, no hay infraestructura de reciclaje.
Lo que queda, entonces, es la calle. No por vocación, sino por agotamiento. El bloqueo del aeropuerto no es un capricho: es lo que ocurre cuando quince años de humo, una suspensión de amparo violada y la cancelación de visitas oficiales dejan a una comunidad sin más interlocutor que la presión.