Fernando Schütte Elguero
En México se está consumando una de las decisiones más injustas en materia de derechos adquiridos (y una de las más peligrosas para la estabilidad institucional del país).
La propuesta de modificación al artículo 127 constitucional no es un ajuste administrativo: es un recorte retroactivo a las pensiones de miles de mexicanos que cumplieron con el Estado durante décadas bajo reglas claras.
No se trata de privilegios. Se trata de contratos implícitos entre el Estado y sus trabajadores.
Durante más de 30 o 40 años, miles de servidores públicos (particularmente en sectores estratégicos como Petróleos Mexicanos) construyeron su vida profesional bajo un esquema definido: responsabilidad creciente, alta exigencia técnica y directiva, y una pensión ligada a su último salario.
Ese acuerdo hoy se pretende romper unilateralmente.
La propuesta de limitar las pensiones a un tope de aproximadamente 70,000 pesos implicaría reducciones de hasta 70% en ingresos previamente garantizados. No es un ajuste: es una confiscación encubierta.
Y lo más grave es que se intenta normalizar.
Desde el poder se ha instalado la narrativa de las “pensiones doradas”, una simplificación útil políticamente, pero falsa en términos estructurales. Si existen excesos, que se investiguen. Pero lo que no puede hacerse es castigar a miles por la excepción.
Eso no es justicia. Es arbitrariedad.
Además, la medida viola un principio elemental del Estado de derecho: la irretroactividad de la ley. Los derechos adquiridos no son opcionales ni negociables. Son la base misma de la confianza en el sistema jurídico.
Sin esa confianza, no hay Estado. Hay poder discrecional.
El problema ya no es solo el impacto económico sobre aproximadamente 6,000 jubilados a y cerca de 30,000 familias. El problema es el precedente.
Porque cuando el Estado decide que puede cambiar las reglas después de que el ciudadano cumplió su parte, envía un mensaje devastador: en México, la ley no protege, la ley se adapta al poder.
Y en ese momento, el contrato social deja de existir.
Defender estas pensiones no es defender privilegios. Es defender la legalidad, la certeza jurídica y la dignidad del trabajo de toda una vida.
Porque cuando el Estado rompe su palabra, no solo empobrece a sus jubilados.
Se degrada a sí mismo.
@FSchutte Consultor y analista