En México, el problema de la seguridad ya no puede explicarse únicamente por la violencia del crimen organizado. Ese es el síntoma visible. La raíz es más profunda y más incómoda: un sistema de procuración de justicia que simplemente no funciona.
Las fiscalías (federales y estatales), se han convertido en el eslabón más débil del Estado mexicano. No investigan con rigor, no integran correctamente las carpetas, no sostienen los casos ante los jueces y, en demasiadas ocasiones, actúan con discrecionalidad o abierta corrupción. El resultado es devastador: impunidad estructural.
Se detiene, pero no se castiga.
Se investiga, pero mal.
Se acusa, pero sin sustento.
Y así, el sistema entero se colapsa.
En este contexto, cualquier esfuerzo en materia de seguridad pública queda incompleto. Se pueden desplegar fuerzas armadas, fortalecer policías, realizar operativos de alto impacto, pero si las fiscalías no cumplen su función, todo termina diluyéndose en tribunales o, peor aún, en la nada.
La consecuencia no es solo jurídica, es política y social. Cuando el ciudadano percibe que no pasa nada, que denunciar no sirve, que el delincuente regresa a la calle en cuestión de días, el Estado pierde legitimidad. Y cuando el Estado pierde legitimidad, pierde control.
Esto ya no es únicamente un problema de seguridad pública.
Es de seguridad nacional, es de gobernabilidad
Porque en ese vacío institucional florecen otros poderes: el crimen organizado que impone reglas, cobra derecho de piso y administra territorios; y también, en otro nivel, la normalización de la ilegalidad como forma de vida.
Lo más grave es que esta debilidad no es nueva ni desconocida. Ha sido documentada, señalada, diagnosticada una y otra vez. Sin embargo, las reformas no llegan o se quedan en la superficie. Cambian nombres, estructuras, discursos, pero no cambia lo esencial: la capacidad real de investigar y sostener justicia.
La responsabilidad es directa. No es abstracta ni histórica. Es de quienes hoy gobiernan, de quienes dirigen las fiscalías, de quienes toleran que la procuración de justicia siga siendo el punto ciego del Estado mexicano.
Porque mientras las fiscalías no funcionen, no habrá estrategia de seguridad que alcance.
Y mientras no haya consecuencias, la violencia seguirá siendo rentable.
México no necesita más discursos. Necesita instituciones que funcionen.
Y hoy, claramente, no las tiene.
@FSchutte