El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas.
En la acusación también incluye a Enrique Inzunza Cazares, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo; Gerardo Mérdia Sáncez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado; Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.
Todo ellos, asegura EU, tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a ese país.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, se indica.
Los fiscales acusaron a los implicados de utilizar sus cargos públicos para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla en Nueva York.
Según el documento judicial, los acusados se alinearon con la facción de los “Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, preso en Estados Unidos.
La investigación señaló que Rubén Rocha Moya resultó electo gobernador en 2021 después de que dicha organización criminal secuestró e intimidó a sus rivales políticos. A cambio, el gobernador presuntamente prometió protección a los líderes del cártel y les permitió operar con impunidad en el estado.
La solicitud de cargos detalla que los funcionarios brindaron información sensible sobre operativos militares y policiales, protegieron cargamentos de droga y escoltaron actividades criminales.
En el caso de Juan Valenzuela Millan, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, la fiscalía le imputó cargos adicionales por participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en octubre de 2023.
Otros implicados, como Damaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, presuntamente recibieron pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares para alertar al cártel sobre investigaciones en su contra.
Por su parte, Valenzuela Millan percibió pagos mensuales de mil 600 dólares para poner a la policía municipal al servicio de la organización criminal.
Millán está acusado además de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultó en sus muertes.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, dijo.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro.
“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, subrayó.
El embajador Ronald Johnson se sumó a las reacciones y a través de una declaración dijo que la embajada toma nota de las acusaciones y seguirá trabajando con las autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de ambos países.
”Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho”; afirmó el diplomático.
Fuente: El Sol de Mexico