El gobierno mexicano está jugando con fuego. La exigencia de “pruebas” para entregar a Rubén Rocha Moya y a los otros nueve señalados por Estados Unidos puede sonar patriótica, jurídica y soberana, pero en realidad abre una contradicción monumental: México ya entregó a 92 personas a Estados Unidos sin procesos judiciales ordinarios, sin extradiciones plenamente desahogadas y, en muchos casos, sin más explicación pública que la solicitud política y de seguridad de Washington.
Ahí está el problema. Si para unos bastó el dicho de Estados Unidos, ¿por qué para otros se exige ahora una prueba casi de juicio concluido? El Tratado de Extradición México-Estados Unidos no exige que Washington venga a probar culpabilidad plena ante México. Lo que debe presentar es una solicitud formal, una orden de aprehensión, la descripción de los delitos y elementos suficientes para justificar el procesamiento conforme a las reglas aplicables. No se trata de celebrar un juicio estadounidense en territorio mexicano. Se trata de determinar si existe base jurídica para entregar al reclamado.
Por eso la frase “no hay pruebas” es políticamente útil, pero jurídicamente tramposa. México no está llamado a decidir si Rocha Moya es culpable o inocente. Eso corresponde a los tribunales norteamericanos, si existe causa abierta allá. México debe revisar legalidad, identidad, doble incriminación y suficiencia procesal. Convertir la extradición en una defensa política del acusado equivale a mandar a Washington el peor mensaje posible: cuando se trata de capos sin poder político, se entregan; cuando se trata de figuras de Morena, se pide pureza jurídica absoluta.
El impacto puede ser enorme. Estados Unidos ya no mira el fentanilo como un problema ordinario de drogas. Lo ha colocado en el terreno de la seguridad nacional, de las organizaciones terroristas extranjeras y de una especie de agresión química contra su población. En ese contexto, proteger o retrasar la entrega de políticos señalados puede interpretarse no como defensa de soberanía, sino como encubrimiento institucional.
Las consecuencias pueden venir por varias vías. Primero, presión diplomática directa. Segundo, sanciones financieras contra personas, empresas, bancos o redes vinculadas a los acusados. Tercero, restricciones migratorias, cancelación de visas y cierres selectivos de acceso a Estados Unidos. Cuarto, endurecimiento comercial: inspecciones más severas, trabas aduaneras, aranceles disfrazados de medidas de seguridad y afectaciones al T-MEC. Quinto, impacto turístico y de movilidad: alertas de viaje, reducción de conectividad aérea, mayor revisión de vuelos y deterioro de la imagen de México como destino seguro.
Incluso el fútbol puede quedar atrapado. México será parte central del Mundial. Si Washington considera que existen zonas capturadas por el crimen o autoridades contaminadas, la seguridad de aficionados, equipos y visitantes se vuelve tema binacional. Nadie quiere un Mundial bajo sospecha criminal.
La peor salida para México sería parecer selectivo: dócil con Washington cuando entrega delincuentes sin proceso y desafiante cuando el señalado pertenece al poder político. Ahí no hay soberanía; hay cálculo partidista.
Claudia Sheinbaum tiene una decisión de Estado. Puede proteger a Morena o proteger a México. Puede seguir administrando silencios o demostrar que ningún gobernador, ningún aliado y ningún operador está por encima de la ley. Porque si México no coopera con claridad, Washington no se va a quedar cruzado de brazos. Y esta vez el costo no será solo diplomático: puede ser económico, migratorio, comercial, turístico, estratégico y militar.
P. D. No tengo duda de lo que afirma el secretario Omar García Harfuch. Lo conozco y creo en él. Sin embargo, resulta indispensable que exista claridad institucional sobre el destino jurídico de las 52 mil 628 personas detenidas entre octubre de 2024 y abril de 2026. Porque hoy no existe registro penitenciario público que refleje ingresos en los penales del país en una proporción semejante. Y esa diferencia abre preguntas inevitables: ¿cuántos fueron vinculados a proceso?, ¿cuántos quedaron en libertad?, ¿cuántos fueron remitidos al sistema federal?, ¿cuántos casos se cayeron por errores ministeriales o judiciales? En un país donde la impunidad sigue siendo uno de los mayores problemas nacionales, detener no necesariamente significa procesar, y procesar no necesariamente significa encarcelar.