* Próxima semana entrará en operación un padrón público, consultable en línea, con el registro de todos los vehículos robados y recuperados en el estado.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de julio de 2026 – La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó un paquete de medidas orientadas a cerrar espacios de discrecionalidad en el manejo de vehículos asegurados, luego de un ejercicio interno de autorrevisión que identificó los puntos donde la institución era vulnerable a prácticas indebidas.
La medida más relevante es la cancelación, con efecto inmediato, de la figura de depositaría temporal a favor de autoridades municipales, un esquema que en 2023 llegó a incluir 60 vehículos y que hoy se reduce a 22 unidades en proceso de conclusión.
“Hablar de controles internos en una Fiscalía es hablar de confianza, de legalidad y de la responsabilidad que tenemos frente a cada persona que acude a esta institución en busca de justicia”, dijo el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla durante la conferencia de prensa.
El titular de la Fiscalía, al presentar el Modelo de Integridad Institucional, explicó que este esquema de revisión permanente busca que la Fiscalía sea capaz de revisarse a sí misma, detectar errores, corregir desviaciones, prevenir abusos y sancionar cualquier conducta contraria al servicio público.
El diagnóstico interno documenta, desde hace meses, cuatro áreas de riesgo: la integración de carpetas de investigación, la elaboración de peritajes, el resguardo de vehículos y el uso de corralones y grúas. En cada una de ellas, la institución reconoció puntos donde podían presentarse condicionamientos indebidos, desde la apertura de carpetas hasta la contratación de despachos o servicios, y detalló las acciones concretas para cerrarlos.
En el caso específico de vehículos, el contralor interno Jorge Cruz Caballero explicó que el aseguramiento de bienes es una figura prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con fines exclusivamente de resguardo de indicios o evidencias, y que la depositaría, regulada por los artículos 239 y 246 del mismo código, es temporal, requiere inventario previo y permanece siempre a disposición del Ministerio Público.
Subrayó que cerca del 90 % de los vehículos recuperados por robo en el estado son, en realidad, propiedad de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), y no de particulares.
El Fiscal anunció que, a partir de ahora, todo vehículo recuperado deberá devolverse a su propietario legítimo en un máximo de 72 horas una vez acreditada la propiedad. Además, la próxima semana entrará en operación el padrón público en línea para que cualquier persona pueda verificar el estatus de una unidad sin necesidad de acudir a las oficinas de la institución.
Se creó un área de verificación gratuita de vehículos en venta, ya disponible mediante cita a través del Centro de Atención en Línea, para que la ciudadanía pueda confirmar si una unidad cuenta con reporte de robo antes de concretar una compra.
La Fiscalía impulsará también una reforma para regular tarifas y obligaciones de corralones y grúas, un servicio que actualmente no tiene marco regulatorio en el estado y donde se han detectado cobros excesivos.
En paralelo, la institución avanza en la digitalización de las carpetas de investigación en delitos patrimoniales, con la meta de reducir su tiempo de resolución —de hasta tres años en algunos casos— a un máximo de tres meses, y mejorar el seguimiento a las personas que presentan denuncias.
Se reforzó el Centro de Atención en Línea, disponible por WhatsApp y vía telefónica las 24 horas, los 365 días del año, a través del cual se pueden presentar denuncias anónimas, dar seguimiento a carpetas de investigación, agendar citas y levantar quejas sobre la atención recibida.
La Contraloría Interna y la Visitaduría han sancionado en la actual administración a 102 servidores públicos por conductas contrarias al servicio público, y mantienen abiertas carpetas de investigación contra personal de la propia Fiscalía.
La próxima semana se presentará ante el Congreso local una propuesta de reforma legislativa para incrementar las sanciones aplicables a servidores públicos que incurran en actos de corrupción o condicionamiento de trámites.
“Una Fiscalía fuerte no es aquella que nunca reconoce sus errores, sino aquella que tiene la capacidad de identificarlos, corregirlos y evitar que vuelvan a repetirse. Ese es el camino para servir mejor, ese es el camino para garantizar justicia”, concluyó el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla.