Fernando Schütte Elguero
Durante muchos años en México confundimos soberanía con distancia. Se pensaba que defenderla significaba impedir que otros países opinaran sobre nuestros problemas internos, especialmente cuando se trataba de delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad nacional. Hoy esa definición resulta insuficiente. La verdadera soberanía consiste en que el Estado tenga capacidad para conocer lo que ocurre dentro de su territorio, investigar a quienes delinquen, detenerlos, procesarlos y evitar que organizaciones criminales sustituyan a las autoridades.
Este miércoles 26 de agosto se produjo en Washington un encuentro particularmente relevante entre Roberto Velasco y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Una parte central de la conversación fue, nuevamente, la seguridad, el narcotráfico y la cooperación bilateral. México insistió en una fórmula correcta: cooperación, sí; subordinación, no. Estados Unidos, por su parte, mantiene la presión para obtener mayores resultados contra los cárteles.
El problema es que la mejor manera de evitar cualquier forma de subordinación consiste precisamente en demostrar capacidad propia.
También este miércoles se conoció la captura de Jorge Luis “N”, alias “Koki”, señalado como exoperador de La Barredora y dirigente de una escisión de esa organización criminal en Tabasco. Su detención, de acuerdo con la información disponible, fue resultado de trabajos de inteligencia. Se le relaciona con delitos como extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de drogas.
El dato es importante más allá del detenido. La inteligencia está regresando al centro de la política de seguridad.
Y Oaxaca tiene un ejemplo muy reciente. Apenas el 22 de agosto se informó de la captura, en la propia capital del estado, de “El Abulón”, identificado por las autoridades como segundo al mando de “Los Mezcales” y generador de violencia en Colima. La operación fue producto, precisamente, de inteligencia e intercambio de información entre instituciones.
Ahí existe una enseñanza fundamental: el crimen ya no reconoce fronteras municipales ni estatales. Un delincuente que genera violencia en Colima puede esconderse en Oaxaca; una organización de Tabasco puede mantener conexiones nacionales; una operación de narcotráfico realizada en Baja California puede depender de armas, dinero, vehículos, empresas fachada y comunicaciones distribuidas en distintos estados.
Por eso resulta absurdo seguir pensando la seguridad únicamente en términos de policías patrullando calles.
México necesita construir un verdadero sistema nacional de inteligencia criminal. Eso significa integrar información financiera, fiscal, migratoria, aduanera, penitenciaria, patrimonial, telefónica y territorial dentro de los límites constitucionales y bajo controles judiciales adecuados. Significa también compartir información entre Federación y estados sin convertirla en patrimonio político de ninguna dependencia.
Durante décadas hemos detenido delincuentes mientras permanecían intactas las estructuras que los hacían posibles. Se captura al sicario, pero no necesariamente al financiero; al distribuidor, pero no al empresario que lava recursos; al jefe de plaza, pero pocas veces a quien, desde una oficina pública, le proporciona protección.
Por eso la inteligencia es mucho más importante que la espectacularidad.
Omar García Harfuch ha colocado nuevamente investigación, inteligencia y coordinación entre los ejes centrales de la estrategia federal. Los resultados recientes muestran una capacidad operativa que debe reconocerse. Pero el siguiente paso será considerablemente más difícil: pasar de capturar individuos a desmantelar sistemas completos de protección criminal.
Ahí se juega también nuestra relación con Estados Unidos.
Washington tiene sus intereses y México tiene los propios. Hay tráfico de drogas hacia el norte, pero también tráfico de armas hacia el sur; hay lavado de dinero en ambos lados de la frontera y existen organizaciones criminales que funcionan simultáneamente en los dos países. La responsabilidad, por tanto, necesariamente es compartida.
Pero existe una regla muy sencilla: mientras más sólido sea el Estado mexicano, menor será el espacio para presiones externas.
La soberanía no se proclama. Se ejerce.
Y para ejercerla se necesitan instituciones profesionales, Ministerios Públicos capaces, policías investigadoras, inteligencia financiera, jueces suficientes, tecnología y, sobre todo, voluntad para investigar a cualquier persona, independientemente de su posición económica o política.
El mejor muro para defender la soberanía mexicana no está en la frontera.
Está en la fortaleza de sus instituciones.
@FSchutte
Consultor y Analista