La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), aprobó con modificaciones el dictamen a la Iniciativa que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
El objeto del nuevo ordenamiento es establecer las bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, para fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad, a fin de dar cumplimiento al artículo 73, fracción XXIX‑R, de la Constitución Política.
La iniciativa, enviada por la titular del Ejecutivo Federal, señala que las disposiciones de esta Ley serán aplicables a las autoridades facultadas para realizar funciones catastrales y registrales, así como a aquellas que generen, administren o resguarden información susceptible de vincularse en esas materias.
El dictamen, avalado por 20 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, retoma la discusión sobre la armonización catastral y registral, pues desde 2013 existe un mandato constitucional, un diagnóstico nacional que data de 2015, una iniciativa presidencial de 2016, nueve foros regionales de parlamento abierto y un proceso legislativo que se prolongó hasta 2024 sin lograr la expedición de la Ley General.
“Se retoma ese consenso histórico y se actualiza frente a las necesidades actuales de digitalización, interoperabilidad, certeza patrimonial, planeación territorial, transparencia y fortalecimiento municipal”, subraya.
La expedición de esta nueva ley no crea por sí misma un nuevo impuesto ni modifica directamente las tasas del predial; su impacto fiscal deriva de contar con padrones más completos, valores catastrales actualizados, incorporación de predios actualmente no registrados y mejores mecanismos de gestión y pago.
Precisa que, aunque los municipios con menores capacidades técnicas y administrativas suelen enfrentar mayores dificultades para actualizar sus padrones, valores catastrales y mecanismos de recaudación, la aprobación de la ley les beneficia, pues reducirá la brecha operativa al proveerles herramientas tecnológicas y estandarizar sus procesos sin depender completamente de sus recursos presupuestarios.
Con las modificaciones realizadas a la propuesta original se cambia el término autoridades “estatales” por “de las entidades federativas”, y se sustituye, en diversos artículos, el término “SEDATU” por el de “Secretaría”, a fin de evitar el uso de acrónimos.
También se cambia la denominación de la “Plataforma Nacional Catastral” por “Plataforma Catastral Municipal”, con el propósito de reflejar el alcance y evitar confusión respecto de la aplicación, dejando claro el respeto al federalismo y la autonomía municipal en los términos de los artículos 115 de la Constitución Política.
Se sustituye “Sujetos Obligados” por “Autoridades Catastrales y Registrales” para dar claridad sobre la aplicación de la ley y evitar contradicción con las definiciones previstas en otras leyes, particularmente la de “sujetos obligados” prevista en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
En el artículo 40 se puntualiza que la gestión y uso de la información y datos registrales contenidos en la Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad, con motivo de la solicitud y resolución de trámites y servicios, así como los datos registrales, corresponde “única y exclusivamente” al ámbito de competencia y responsabilidad de cada una de las Autoridades Registrales.
En el articulado transitorio se estipulan, a través de un calendario que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, los plazos para la implementación de esta ley, tomando en cuenta a los municipios que tengan algún tipo de rezago tecnológico (infraestructura, conectividad, digitalización y capacidad presupuestaria).
Igualmente, se actualiza la denominación de la “Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”.
Intervenciones de las y los legisladores
El diputado Mejía Berdeja expresó que el dictamen reviste la mayor relevancia institucional porque atiende la necesidad histórica del Estado mexicano de modernizar, homologar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad en el país, así como ordenar la propiedad inmobiliaria, el territorio y prestar mejores servicios.
Además, dijo, tiene una dimensión claramente anticorrupción, porque donde hay archivos dispersos, registros inconexos, trámites opacos y multiplicidad de ventanillas, se abren espacios para la falsificación, el coyotaje, la discrecionalidad y los abusos; pero si hay información trazable, interoperable y segura se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la protección al patrimonio de las personas.
El propósito es lograr un marco nacional de coordinación entre la Federación, las entidades operativas y los municipios, para fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad, mejorar la gestión territorial, simplificar trámites y cerrar espacios a la corrupción y a la opacidad.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) solicitó realizar un parlamento abierto y una consulta para discutir esta iniciativa, lo cual fue sometido a votación y rechazado por la Comisión.
La diputada Kenia López Rabadán (PAN) argumentó su voto en contra, por considerar que la nueva ley afectará la recaudación local y abrirá la puerta a una mayor injerencia federal en las finanzas municipales. Además, afirmó que no cumple con lo señalado en la reforma constitucional de 2013, que ordena claramente que antes de expedir esta ley general el Congreso debe solicitar la opinión de las entidades federativas.
La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena) destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los catastros y los registros públicos de la propiedad para brindar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio y reducir los riesgos de errores, abusos e irregularidades en los trámites inmobiliarios. Precisó que la nueva ley no busca retirar facultades a los municipios, pues conservarán, en el ámbito de sus atribuciones, la gestión y uso de la información registrada.
El diputado Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) advirtió que la propuesta de modernización y armonización de los registros públicos inmobiliarios y catastros puede generar impactos en el patrimonio de las familias y trasladar nuevas cargas presupuestales a los municipios sin establecer con claridad de dónde provendrán los recursos para la actualización y digitalización, pero con cargo a la Federación. “Aquí viene el predialazo” porque los alcaldes deberán actualizar sus valores catastrales y aumentarlos.
La diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) manifestó que el nuevo ordenamiento no contempla que la Federación vaya a establecer lo que deban cobrar los municipios; no se invaden competencias, sino que se brindan herramientas para una mejor operación de las entidades y los municipios en beneficio de sus habitantes.
La diputada Irais Reyes De la Torre (MC) se pronunció en contra porque se instala un modelo en el que las decisiones tecnológicas están coordinadas por la Federación y se imponen obligaciones a estados y municipios sin determinar de dónde saldrán los recursos para ello. “Esto es una centralización de lo relativo al registro público y catastral, y más que coordinación hay una subordinación tecnológica de los estados y municipios frente a la Federación”.
La diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno (Morena) dijo que votaría a favor porque con el esquema propuesto se fortalece la autonomía municipal y dependerán cada vez menos de las participaciones federales. “En un mediano y largo plazo se espera que efectivamente sean más autónomos”. Por ello, es necesario legislar y generar círculos virtuosos para todos los mexicanos.
El diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) aceptó que es necesario modernizar el catastro, pero no debilitar al municipio. El dictamen crea una plataforma nacional catastral, planes nacionales y modelos obligatorios. La Federación establece lineamientos, administra la plataforma y supervisa su implementación, mientras los municipios tienen que cumplir, pero ¿y quién paga? Cuando se establece que no habrá recursos adicionales para su implementación, los municipios tendrán que aumentar su predial.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) estimó importante la reforma porque los catastros no deben seguir operando de manera arcaica y que los juicios duren más de 30 años porque alguien falsificó en algún momento un documento. Se trata de un plan nacional, con principios de concurrencia, por responsabilidad, apoyo técnico, pleno respeto al ámbito competencial de los municipios, en términos de 115 constitucional.
La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) refirió que la nueva ley quita facultades porque faculta a la Agencia a desarrollar, habilitar y administrar las plataformas, restando atribuciones a los municipios, porque tendrá en su poder toda la información de los municipios, los catastros y los registros, “y ahí sí hay una invasión de facultades de municipios”.
La diputada Margarita García García (PT) dijo que se propone la creación de herramientas digitales compartidas como la plataforma catastral y de registros públicos y la asignación de una clave catastral para cada inmueble, lo que dará certeza jurídica y protección patrimonial al prevenir fraudes, despojos y duplicidad de escrituras mediante un sistema interoperable. Agregó que no son “predialazos”, porque no se modifica la fórmula para calcular el gravamen; es facultad de cada estado.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) anticipó que iría en contra del dictamen porque no cumple con los artículos transitorios de la reforma de 2013 sobre los tiempos para la creación de la ley en esta materia y la realización de consultas y foros de parlamento abierto. Añadió que no se delimitan facultades de la Agencia ni de Sedatu, no se respetan competencias estatales y municipales; no reconoce ni interconecta sistemas locales que ya funcionan, y no contempla recursos ni asistencia técnica para su implementación.
La diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) afirmó que es un dictamen enriquecido, por lo que se pronunció a favor, ya que también da certeza a los municipios. Aclaró que armonizar no es centralizar y la plataforma nacional que se propone no sustituye la competencia municipal; tampoco se obliga a aumentar el predial. Se busca fortalecer los registros públicos y mejorar la información inmobiliaria para reducir inconsistencias, simplificar trámites fiscales y apoyar la planeación territorial.
La diputada Verónica Pérez (PAN) dijo estar en contra del proyecto porque bajo el argumento de la armonización se debilita la autonomía de los estados y municipios y abre la puerta a que dependencias federales intervengan en decisiones que corresponden a los ayuntamientos. Planteó construir mecanismos de coordinación que respeten el federalismo y la autonomía de entidades y municipios y fortalecerlos sin trasladar facultades al Ejecutivo Federal.
El diputado Eleazar Guerrero Pérez (Morena) rechazó que se sustituyan las facultades de los ayuntamientos, y que se vaya a presentar un “predialazo”, pues aseguró que nunca se aprobará algo que afecte negativamente al pueblo de México. Sí se avanza en este tema.
El diputado Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) llamó a votar a favor del dictamen y profundizar el combate a la corrupción y el fortalecimiento, actualización y modernización de los ayuntamientos.
Una vez aprobado, el dictamen se remitió a la Mesa Directiva, junto con los anexos y votos particulares del PAN.
Previamente, por 23 votos a favor se aprobó el programa de trabajo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.