El martes pasado iniciamos este recorrido por las entidades del país con Colima, que encabezaba la tasa de homicidio doloso: 74 por cada 100 mil habitantes, cerca de cinco veces la media nacional en el corte que utilizamos. También señalamos un contraste económico: Colima se encuentra entre las economías estatales más pequeñas, pero ocupa un lugar destacado por su PIB per cápita. Esta semana corresponde mirar a Morelos, segundo lugar nacional en la tasa de homicidios dolosos.
La violencia en Morelos no apareció de un día para otro ni puede explicarse por una sola administración. Tiene raíces de varios años: disputas entre grupos criminales, debilidad institucional, impunidad y una capacidad insuficiente para investigar y contener los delitos. Hubo momentos durante el gobierno de Graco Ramírez en que la tendencia logró contenerse. Sin embargo, esa contención no se convirtió en una política capaz de resolver el problema de fondo.
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Con Cuauhtémoc Blanco, la violencia volvió a crecer con fuerza. Durante su gobierno, los homicidios dolosos aumentaron hasta alcanzar niveles muy elevados. El año 2024 fue el más violento de su administración, con más de mil 500 víctimas. No se trata de atribuir a un solo gobernador el origen de una crisis acumulada, sino de reconocer que el deterioro se profundizó bajo su mandato y que el estado no consiguió revertirlo.
En el corte más reciente, Morelos ocupa el segundo lugar nacional, después de Colima, con una tasa de 41.2 carpetas de investigación por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. Colima registró 65.1 en el mismo periodo. Son cifras que permiten comparar, pero deben leerse con cuidado: las carpetas no equivalen necesariamente al número de víctimas y el registro depende de lo que llega a las fiscalías. La precisión en la medición es indispensable para entender el problema y diseñar respuestas.
Desde mi trabajo como consultor y analista especializado en seguridad pública y nacional, incluida la colaboración con gobiernos municipales, he visto que las cifras solo sirven cuando se traducen en diagnósticos honestos y decisiones sostenidas. Por eso, además de los homicidios, habrá que observar la continuidad de los responsables de seguridad, la capacidad de las policías, las fiscalías y los tribunales, la presencia del crimen organizado, la extorsión y las condiciones económicas y sociales.
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No se trata de repartir calificativos ni de convertir este ejercicio en una competencia de condenas. Se trata de observar, con datos comparables, qué ocurre en cada estado, qué decisiones se tomaron y qué instituciones han respondido. Si las cifras son graves, hay que decirlo; si mejoran, también, sin ocultar los problemas que persisten.
Cada semana publicaremos un análisis de una entidad, comenzando por las que presentan las tasas más altas de homicidio doloso y avanzando hacia las que registran las más bajas. La intención es ofrecer a los lectores un panorama estatal, con sus diferencias, sus desafíos y las responsabilidades públicas que no deben quedar fuera de la conversación.
@FSchutte
Consultor y Analista