El diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para establecer como atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), el diseño, coordinación y evaluación del programa nacional de turismo religioso.
El programa sería un instrumento de política turística para el desarrollo ordenado, sustentable, accesible y seguro de las rutas y destinos de turismo religioso, en coordinación con las entidades federativas, los municipios y los sectores social y privado, de conformidad con las disposiciones aplicables.
La propuesta de reforma a la Ley General de Turismo, turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Turismo, establece que la Sectur promoverá, en coordinación con las autoridades competentes, el establecimiento de corredores seguros para peregrinos en las rutas y destinos de turismo religioso que registren alta afluencia de visitantes.
Asimismo, la Sectur diseñará, coordinará y mantendrá actualizada la red nacional de rutas turísticas religiosas; desarrollará mecanismos de información e indicadores que permitan conocer la afluencia, procedencia, movilidad, estancia y derrama económica asociada al turismo religioso.
A los estados y a la Ciudad de México les corresponderá incorporar las rutas y destinos de turismo religioso en sus instrumentos de planeación turística y coordinar con la Federación y los municipios las acciones de infraestructura, movilidad, seguridad, protección civil, accesibilidad, promoción y asistencia necesarias para su adecuado desarrollo.
Para efectos de la Ley General, se entenderá por turismo religioso la modalidad vinculada con la visita, recorrido o participación de personas en santuarios, templos, sitios de culto, celebraciones, festividades, peregrinaciones, rutas y demás manifestaciones relacionadas con creencias, prácticas o patrimonio de carácter religioso o espiritual, así como con sus expresiones históricas y culturales, respetando la libertad de convicciones, conciencia y religión y el carácter laico del Estado.
Se define como ruta turística religiosa aquella que integra dos o más destinos, comunidades, santuarios, templos, sitios de interés o manifestaciones vinculadas con el patrimonio religioso, espiritual, histórico o cultural de una región, y que cuenta con condiciones de información, accesibilidad, seguridad y servicios turísticos conforme a la normativa aplicable.
Se considera corredor seguro para peregrinos al tramo de camino, carretera, vía de acceso o recorrido turístico identificado por las autoridades competentes como de alta afluencia de peregrinos y que requiere acciones coordinadas de seguridad, señalización, movilidad, protección civil, atención médica, asistencia y servicios básicos.
En la exposición de motivos se indica que, según datos de la Sectur, las actividades asociadas al turismo religioso movilizan anualmente a más de 40 millones de personas en todo el territorio nacional y generan una derrama económica aproximada de 25 mil millones de pesos, siendo los destinos con mayor afluencia la Basílica de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Juquila y Chalma.
En este contexto, el turismo religioso representa una actividad de particular relevancia para México, dada su amplia diversidad de santuarios, templos, celebraciones, peregrinaciones, expresiones culturales y tradiciones que atraen anualmente a millones de visitantes nacionales y extranjeros.
La iniciativa resulta plenamente constitucional, al no adoptar confesión alguna y respetar explícitamente el carácter laico del Estado y la libertad de convicciones de la población, aclara el legislador.
“Es importante mencionar que el turismo espiritual y religioso no puede considerarse un asunto exclusivo de las instituciones eclesiásticas ni del Estado, sino un fenómeno donde convergen la Iglesia, el sector público, los prestadores de servicios y las comunidades locales”, sostuvo Gómez Villalobos.
Lo anterior se fundamenta en que las personas seguirán transitando por vías públicas para visitar estos sitios por motivos de fe y tradición; por ello, corresponde al Estado asumir la responsabilidad de ordenar dichos flujos y brindar las condiciones necesarias de protección y asistencia a los visitantes y a las comunidades receptoras.