En las democracias, los periodistas que investigan la corrupción cumplen una función que debería ser evidente: descubren aquello que el poder preferiría mantener oculto. Cuando documentan contratos irregulares, redes de protección, desvíos de recursos o abusos de autoridad, no solo informan a la sociedad. También ayudan a los gobiernos a detectar fallas, corregirlas y recuperar credibilidad. Una investigación periodística puede ser incómoda, pero esa incomodidad es parte de su utilidad pública.
Destapar una cloaca no significa ensuciar al país. Significa mostrar dónde está la suciedad para que pueda limpiarse. En muchos lugares, las revelaciones de la prensa detonan auditorías, investigaciones judiciales, renuncias y reformas. El periodismo no sustituye a las instituciones ni dicta sentencias; aporta información que permite exigir explicaciones y activar los mecanismos legales. Un gobierno seguro de su legitimidad debería entender que una denuncia sustentada puede ser una oportunidad para demostrar que escucha, investiga y corrige.
En México, con demasiada frecuencia, la respuesta toma el camino contrario. Ante cuestionamientos sobre corrupción, seguridad o decisiones públicas, algunos periodistas son presentados como adversarios políticos y se les atribuyen etiquetas como “fascistas” o “de extrema derecha”. La discusión deja de centrarse en los documentos, los datos y las preguntas planteadas, y se convierte en un juicio sobre las supuestas intenciones de quien informa. La descalificación busca que el público descarte al mensajero antes de examinar el mensaje.
Esto es especialmente grave cuando se habla de seguridad pública y nacional. En esos ámbitos, el gobierno necesita información crítica para conocer lo que ocurre en el territorio, identificar errores operativos y entender por qué la ciudadanía desconfía. La prensa puede señalar contradicciones entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana, preguntar por resultados, advertir sobre zonas capturadas por grupos criminales o revisar si las cifras reflejan fielmente la realidad. Ninguna de esas tareas equivale, por sí misma, a hacerle el juego a un enemigo ni a desear el fracaso del país.
Desacreditar a quienes cuestionan al poder también perjudica a los propios políticos. La confianza ciudadana no se obtiene exigiendo obediencia ni silenciando preguntas; se construye con respuestas verificables. Si un gobernante responde a cada revelación con insultos o etiquetas, puede movilizar a sus simpatizantes por un momento, pero erosiona la confianza de quienes esperan explicaciones. Y cuando la palabra oficial pierde valor, incluso los mensajes verdaderos encuentran menos credibilidad.
Por supuesto, el periodismo no es infalible. Una denuncia debe verificarse, ofrecer evidencias y distinguir hechos de opiniones. Los medios también deben corregir errores y responder por daños cuando actúan con negligencia o mala fe. Pero esos estándares deben aplicarse mediante argumentos, rectificaciones y procedimientos legales, no mediante campañas de estigmatización. Criticar una investigación es legítimo; convertir al periodista en enemigo por investigar es otra cosa.
La relación democrática entre prensa y gobierno no exige simpatía ni unanimidad. Exige que cada parte cumpla su función. A la prensa le corresponde preguntar, investigar y publicar con rigor. Al poder, explicar, abrir información y permitir que las instituciones determinen si hubo irregularidades. Si la denuncia es falsa, la evidencia debe desmontarla. Si es cierta, el gobierno debe actuar. En ambos casos, la ciudadanía gana.
Un político que acepta el escrutinio puede transformar una crisis en una oportunidad: demostrar que no teme a la verdad, corregir lo que está mal y recuperar parte del bono de confianza que la sociedad concede con cautela. En cambio, cuando se equipara la crítica con la traición y al periodista con un enemigo ideológico, se pierde la oportunidad de saber, corregir y gobernar mejor. Las cloacas no desaparecen porque se ataque a quien las descubre. Permanecen abiertas, y el costo termina pagándolo el país.
Defender la libertad de investigar no supone respaldar a un partido ni otorgar privilegios a los medios. Protege el derecho ciudadano a conocer hechos y exigir cuentas a quienes ejercen autoridad. La crítica incomoda; sin ella, el poder pierde contrapesos y la sociedad, información para decidir.
Yo fui uno de los engañados por el ex de Macuspana.
X: @FSchutte