Esta es la entrega número 29 de una serie semanal sobre las 32 entidades. Colima fue la 32, Morelos la 31 y Sinaloa la 30. Hoy toca Baja California.
El estado enfrenta una paradoja: es una de las economías más integradas al comercio internacional y, al mismo tiempo, uno de los territorios con mayor violencia homicida. La frontera ofrece oportunidades, pero también exige al Estado proteger a quienes viven, trabajan y producen en ella.
En 2024, la tasa de homicidios registrados fue de 64,7 por cada cien mil habitantes, entre las más altas del país. En 2025, los datos preliminares contabilizaron 2,095 homicidios, frente a 2,460 el año anterior.
La reducción merece reconocerse, pero no basta para declarar resuelto el problema. Detrás de cada cifra hay familias que perdieron a alguien y comunidades que viven bajo la amenaza.
El pulso económico y el costo de la inseguridad
La economía obliga a mirar más allá del tamaño. El Producto Interno Bruto estatal llegó en 2024 a 947 mil 677 millones de pesos a precios constantes, pero no creció en términos reales. La manufactura retrocedió 2,6 por ciento y las actividades secundarias, en conjunto, 1,1 por ciento.
Baja California aportó 3,9 por ciento del PIB nacional, aunque ese peso no se tradujo en dinamismo ese año. El PIB mide cuánto produce una entidad, pero no cómo se distribuye la riqueza, qué empleos genera ni cuánto cuesta operar en un entorno de inseguridad.
La posición fronteriza y la actividad industrial y comercial son ventajas estratégicas. También hacen más costoso el deterioro de la seguridad: la violencia afecta la inversión, el empleo, la movilidad y la confianza. No se trata de atribuir cada dificultad económica al delito, sino reconocer que el desarrollo requiere protección eficaz para personas y negocios.
Participación ciudadana y el reto institucional
Baja California cuenta con un activo ciudadano importante: un Consejo Ciudadano sólido, encabezado por Edgardo Flores Campbell, quien fuera comisario director de Asuntos Internos de la Policía Federal. Esa participación puede fortalecer la vigilancia y la interlocución pública, siempre que las instituciones escuchen sus propuestas y rindan cuentas.
El reto no es anunciar más operativos, sino fortalecer la cadena de seguridad y justicia. Policías profesionales, ministerios públicos capaces de investigar, peritos, jueces suficientes y coordinación entre Federación, estado y municipios deben producir resultados verificables.
Hay que medir si disminuyen los delitos, la impunidad y el temor, no sólo contar detenciones.
Baja California no necesita escoger entre crecimiento y seguridad. Necesita que su fuerza económica se convierta en bienestar compartido y que el Estado recupere el control de sus territorios con legalidad, inteligencia y continuidad.
En la frontera, la prosperidad sólo será real cuando la libertad de vivir y trabajar deje de ser una excepción.
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