En nuestro recorrido por las entidades más violentas de México, después de Colima, Morelos, Sinaloa y Baja California, llegamos a Chihuahua, quinto lugar nacional en homicidios dolosos, con una tasa de 29.6 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. Una cifra dos veces y media superior al promedio nacional. Conviene preguntarnos, además, si esos números reflejan verdaderamente la dimensión de la tragedia.
Chihuahua representa una de las grandes contradicciones nacionales. Es la octava economía del país, aporta el 3.8 % del Producto Interno Bruto, aproximadamente 1.28 billones de pesos, y posee una extraordinaria capacidad industrial, manufacturera y exportadora. Sin embargo, durante 2024 su economía se contrajo 1 %. La prosperidad empresarial convive con territorios donde la violencia limita las libertades y condiciona las actividades económicas.
Ciudad Juárez simboliza esa paradoja. Una frontera estratégica para el comercio internacional que también se convirtió en corredor del narcotráfico, escenario de disputas criminales y laboratorio de una violencia que el Estado nunca consiguió erradicar.
Ayer murió Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado uno de los grandes organizadores del narcotráfico mexicano. Su estructura criminal, conocida como Cártel de Guadalajara, antecedió al surgimiento de organizaciones territoriales, entre ellas el Cártel de Juárez, posteriormente encabezado por Amado Carrillo Fuentes. Félix Gallardo llevaba encarcelado desde 1989. Murió el hombre, pero sobrevivió el sistema que contribuyó a construir.
Resulta igualmente inquietante la controversia sobre las estadísticas oficiales. El INEGI registró 29,488 defunciones por homicidio en 2025, mientras el Secretariado Ejecutivo contabilizó 24,348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Son 5,140 de diferencia. Aunque existen diferencias metodológicas, esa brecha exige explicaciones, especialmente sobre posibles reclasificaciones de muertes violentas. No basta anunciar reducciones cuando persisten dudas razonables sobre qué estamos contando.
Y mientras discutimos estadísticas, seguimos sin resolver lo fundamental: ministerios públicos insuficientes, fiscalías cuestionadas por corrupción, investigaciones deficientes, juzgados saturados y cárceles donde la delincuencia encuentra oportunidades para reorganizarse. Detener delincuentes resulta inútil si las instituciones que deben investigar, juzgar y sancionar continúan siendo incapaces de cumplir su función.
Chihuahua demuestra que la riqueza económica no garantiza seguridad ni justicia. Tenemos capacidad para producir, exportar y competir con las principales economías del mundo, pero no hemos construido instituciones capaces de proteger eficazmente a quienes generan esa riqueza.
El narcotráfico ha sobrevivido a sus fundadores, a sus dirigentes y a innumerables operativos gubernamentales. Los criminales cambian; las estructuras permanecen.
El verdadero fracaso del Estado mexicano no consiste en que existan delincuentes, sino en que, después de tantas décadas, sigamos permitiendo que su poder sobreviva al de las instituciones.
X: @FSchutte
Consultor y Analista
