El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 325 del Código Penal Federal con el objeto de establecer que, en caso de feminicidio, el servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de cuatro a doce años.

Cuando se afecte la cara, cuello, brazo, mano u órganos sexuales, la pena aumentará hasta en un tercio