Fundamentado en la teoría de la Sociabilidad Humana (Hernández Ruiz, S., 2026c) y en los estándares internacionales del PNUD y la UNDRR, este artículo sostiene que una vía importante para descentralizar y poner en acto la gestión de riesgos en México consiste en reconocer jurídicamente, financiar de forma directa y capacitar de manera permanente a comités locales de reducción del riesgo. En este texto presento una propuesta estructurada en cuatro ejes para transformar el luto conmemorativo en capacidad organizativa territorial.
Cada 19 de septiembre, la sociedad mexicana rememora el dolor acumulado por los sismos de 1985, 2017 y eventos subsiguientes, pero también celebra la emergencia espontánea de una solidaridad colectiva que ha demostrado ser el recurso más eficaz para la preservación de la vida. Este artículo propone un marco de análisis propositivo para superar la brecha histórica entre los tiempos de respuesta comunitaria y los tiempos burocráticos institucionales.
CONMEMORACIÓN Y LECCIÓN HISTÓRICA DEL 19S
El 19 de septiembre ha quedado grabado en la conciencia cívica de México como un hito trágico y, simultáneamente, como el testimonio más contundente de la dignidad colectiva. Tanto en 1985 como en 2017, ante el colapso de infraestructuras y la parálisis inicial de las dependencias estatales, fueron las vecinas y los vecinos, los jóvenes y los trabajadores de los barrios quienes, sin más herramienta que sus manos y una solidaridad incondicional, removieron escombros y salvaron miles de vidas en las primeras horas críticas.
Esta lección histórica revela una verdad fundamental: la primera línea de defensa ante cualquier desastre nunca se ubica en las oficinas gubernamentales centralizadas, sino en el tejido social del barrio, la colonia y la comunidad rural. Sin embargo, al transcurrir cuatro décadas desde el sismo de 1985, la estructura institucional de gestión de riesgos y protección civil en México sigue manteniendo un sesgo marcadamente estatista y burocrático que prioriza los trámites administrativos antes que el fortalecimiento de las capacidades operativas de la población.
LA RESPUESTA INMEDIATA Y LA TRAMPA DE LA INERCIA INSTITUCIONAL
Existe un desfase insoslayable entre la dinámica del desastre y la dinámica de las agencias de los gobiernos federal y estatales. En las primeras 24 a 48 horas posteriores a un evento severo, periodo en el que se decide la supervivencia de las personas atrapadas o incomunicadas, las estructuras comunitarias reaccionan de manera inmediata. En contraste, los aparatos gubernamentales suelen requerir días para sesionar, declarar estados de emergencia, validar dictámenes técnicos y liberar recursos financieros.
Esta lentitud no responde a la falta de vocación de los servidores públicos de protección civil; expresa el diseño burocrático de un sistema centralizado que desconfía de la autonomía local. La asignación de fondos de reconstrucción, la adquisición de insumos y la evaluación de daños suelen enredarse en trámites normativos que postergan la ayuda durante meses o años, exacerbando la precarización de las familias afectadas.
Desde nuestra perspectiva, un desastre no es sólo un evento fortuito de la naturaleza, expresa además las contradicciones no resueltas entre las condiciones materiales de existencia y la organización social. El modelo que propongo permite analizar este fenómeno mediante sus seis variables fundamentales:
Sociabilidad total. La inmensa reserva de capital social y ayuda mutua que demuestra la población mexicana durante contingencias.
Precarización económico‑estructural. La fragilidad del hábitat, la autoconstrucción sin asesoría y la marginación que amplifican la vulnerabilidad.
Conciencia ecológico‑territorial. El nivel de conocimiento de los habitantes sobre la fragilidad geotécnica e hídrica de su suelo.
Resiliencia participativa. La capacidad real de las brigadas de barrio para actuar sin esperar instrucciones externas.
Gradiente de inconsciencia social. La brecha de desinformación que la inercia estatal genera al no transparentar los riesgos reales.
Movilización histórico‑cultural. La memoria viva del 19S convertida en acción preventiva comunitaria.
La estructura del Sistema Socio‑Histórico y Cultural (EOSHC) se debilita cuando el Estado pretende monopolizar la protección civil ignorando la experiencia y capacidad del colectivo humano; entendiendo por tal la capacidad intrínseca de los sujetos comunitarios para crear soluciones de salvaguarda y gestionar creativamente su espacio vital. Un ejemplo es la red de solidaridad ciudadana organizada en la Ciudad de México y en los pueblos de Morelos, Puebla y Oaxaca durante septiembre de 2017, donde comedores comunitarios, centros de acopio y brigadas de rescate funcionaron de manera autónoma y coordinada durante días.
La capacidad de los habitantes de la Mixteca Alta en Oaxaca para habilitar refugios temporales en los templos o auditorios ejidales, utilizando cobijas, cultivos propios y tequio inmediatamente después de un terremoto, también ilustra este potencial.
No hay que olvidar el proceso mediante el cual los vecinos de un edificio dañado organizan un comité de reconstrucción, contratan peritajes independientes y exigen modificaciones al reglamento de construcciones local; o una mesa de trabajo entre brigadistas comunitarios, ingenieros estructuristas y funcionarios estatales donde se acuerdan prioridades de demolición respetando las decisiones de los propietarios.
HACIA UN MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO LIDERADO POR LA COMUNIDAD
Para superar la lentitud burocrática sin caer en descalificaciones estériles, se requiere construir un modelo de gobernanza del riesgo que reconozca la complementariedad de roles. Las agencias de gobierno federal y estatal poseen la capacidad financiera, la infraestructura pesada y el conocimiento normativo macro; sin embargo, las comunidades poseen la inmediatez, el conocimiento del detalle territorial y la legitimidad social.
El Informe de Evaluación Regional de Riesgos 2024 (RAR24) de la UNDRR y el Informe de Desarrollo Humano Regional 2025/2026 del PNUD señalan que las inversiones más eficientes en reducción del riesgo de desastres son aquellas que «liberan el poder de las comunidades locales». Menos del 1 % del auxilio internacional se destina a la prevención; continuar concentrando el presupuesto en fondos de respuesta posterior es una estrategia financieramente insostenible e imprecisa.
La resiliencia comunitaria no implica improvisación; requiere equipamiento y formación técnica de proximidad. La implementación de sistemas de alerta temprana comunitarios (SAT‑C) permite a las poblaciones locales monitorear cauces de ríos, laderas e inestabilidades mediante instrumental sencillo pero calibrado. Asimismo, la integración de soluciones basadas en la naturaleza (SbN), como la reforestación comunitaria y las zanjas de infiltración, reduce la ocurrencia de avenidas torrenciales y deslaves antes de que se transformen en catástrofes.
PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA DE RESILIENCIA TERRITORIAL EN MÉXICO
Con motivo de esta fecha conmemorativa, se presentan cuatro propuestas de política pública destinadas al Congreso de la Unión, a los gobiernos de las entidades federativas y a los 2 477 municipios del país:
1. Reconocimiento jurídico y presupuestal directo a comités locales de RRD. Es necesario modificar la Ley General de Protección Civil para reconocer a los comités locales de reducción del riesgo de desastres como órganos de participación ciudadana con carácter vinculante. Se debe instituir un fondo nacional de transferencia directa de recursos de pequeña escala para que los comités de barrio puedan ejecutar obras de mitigación comunitaria sin intermediaciones burocráticas.
2. Programa nacional de formación comunitaria a través de la ENAPROC. La Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) del CENAPRED debe descentralizar sus programas, creando la vertiente de «Promotores comunitarios de RRD» en alianza con universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. La capacitación debe llegar directamente a los auditorios comunitarios y ejidales, utilizando materiales didácticos accesibles y traducidos a las lenguas originarias.
3. Integración institucional con los sistemas normativos internos en zonas rurales e indígenas. En estados con alta presencia indígena como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz, la política de gestión del riesgo debe articularse formalmente con las instituciones tradicionales. La Asamblea General Comunitaria debe ser la instancia de validación de los planes locales; el tequio la modalidad operativa de ejecución preventiva y el cuerpo de topiles o guardias comunitarias la brigada acreditada de primera respuesta.
4. Protocolos de verificación informativa y combate a la infodemia en crisis. Tomando en cuenta los hallazgos del Informe Mundial sobre Desastres 2026, la difusión de rumores falsos en redes sociales representa una amenaza severa durante las emergencias. Se propone capacitar a los comités comunitarios en verificación de información y vocería única, garantizando que la población cuente con fuentes veraces de orientación que eviten el pánico y orienten la evacuación.
CONCLUSIÓN: TRANSFORMAR EL DOLOR EN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA
Conmemorar el 19 de septiembre no debe limitarse a la realización de simulacros solemnes o a la colocación de ofrendas florales. La mejor manera de honrar la memoria de quienes perdieron la vida en 1985 y 2017 consiste en edificar una sociedad territorialmente preparada, justa y organizada.
Superar la lentitud burocrática del Estado no significa prescindir de las instituciones públicas; exige transformarlas para que actúen como facilitadoras y aliadas del esfuerzo comunitario. Cuando una comunidad reconoce sus riesgos, dibuja su mapa, capacita a sus brigadas y organiza su alerta temprana, deja de ser vulnerable para convertirse en un territorio resiliente. En esa capacidad de reinvención colectiva descansa la verdadera fuerza del Homo Poeta y la esperanza de un México seguro desde la base social.