Comisión de Movilidad, que preside la diputada Patricia Mercado Castro (MC), recibió a representantes de empresas repartidoras por plataformas, así como a fabricantes de motocicletas y autoridades de Movilidad, quienes externaron sus inquietudes y demandas sobre las propuestas de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Mercado Castro expuso que la idea es presentar una propuesta con el mayor consenso posible sobre las mesas de trabajo que se han realizado con empresas y armadoras de motocicletas, organizaciones de la sociedad civil y de motociclistas y, posteriormente, elaborar un dictamen en el que se incluyan todas las solicitudes y acuerdos.
Resaltó que a la Comisión se han turnado 17 iniciativas de diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, que tienen como objetivo la regulación de las motocicletas en el país.
Informó que se prevé presentar el proyecto antes del 15 de diciembre, incorporando en la medida de lo posible las observaciones recibidas durante las jornadas de diálogo.
Una vez presentada la iniciativa, indicó que se buscará establecer el próximo año una metodología de trabajo para revisar artículo por artículo las disposiciones, con la participación de los sectores involucrados y enseguida elaborar el dictamen mediante un diálogo con las autoridades federales, particularmente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Afirmó que la idea es no dañar la flexibilidad de esta actividad con la sobrerregulación, pero “debemos salvar a la gente que ha decidido utilizar este tipo de movilidad”. Destacó que es necesario consensuar una idea general con las autoridades a través del Sistema Nacional de Movilidad.
Precisó que la propuesta contempla que las empresas que organicen, asignen o supervisen servicios de transporte de personas, reparto, mensajería o traslado de bienes mediante motocicletas o ciclomotores deberán adoptar medidas de gestión de riesgos y de seguridad vial que comprendan formación inicial y periódica en conducción y convivencia vial seguras, factores de riesgo y uso correcto del casco y del equipo de protección.
Participantes
- Yazmany Herrera Guerrero, representante de los repartidores en el estado de Puebla, planteó incorporar a los motociclistas en el rango del triángulo de movilidad que incluye peatón, ciclista, usuarios de vehículos no motorizados, scooters, patines del diablo y vehículos ligeros.
- Francisco Edgar Balderas González, vocero de Repartidores Unidos de México, indicó que la revista vehicular anual debería ser gratuita y contar con una institución que la atienda, homologada, con suficientes centros y calendario público.
- Brenda Arneth Rodríguez Luna, representante de Frentes de Conductores Libres y Responsables de la CDMX y Área Metropolitana, pidió que las aplicaciones proporcionen el equipo necesario a sus repartidores sin costo.
- Leslie Vianey Díaz González, integrante de Repartidores Unidos de México y Sobrevivientes, sostuvo que las plataformas deberían ofrecer cursos de educación vial y garantizar cascos certificados para conductores y pasajeros.
- Erick Ventura Correa, repartidor de aplicación, exigió que el examen de certificación sea parejo para todos los conductores.
- Areli Carreón, representante de los Bicitekas, solicitó más espacios de estacionamiento sin inconvenientes para los repartidores.
- Armando Pliego Ishikawa, de Céntrico, comentó que la iniciativa brinda certidumbre a entidades federativas y municipios para regular servicios de traslado mediante motocicletas o ciclomotores.
Posteriormente, la Comisión llevó a cabo la mesa de trabajo con empresas y fabricantes de motocicletas para analizar la propuesta.
Sergio Mendoza Pucciarelli, de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, manifestó que la reforma debe sustentarse en evidencia técnica, económica y social, evitando barreras de acceso para personas de menores ingresos.
Fabiola Peña Ahumada, directora ejecutiva de Alianza INN, estimó que las medidas de seguridad vial deben justificarse con infraestructura adecuada, capacitación y prevención, no con nuevos controles administrativos.
Isabella Mariño, directora de Asuntos Públicos de RAPI, propuso eliminar ciertos artículos que duplican disposiciones existentes y generar costos desproporcionados para los repartidores.
Fernando Cota, de RAPI, señaló la dificultad de tramitar licencias y permisos para repartidores eventuales que trabajan pocas horas a la semana.
Ariana Claudia Anguiano Pineda, de grupo Coppel, sugirió registrar la vinculación de la motocicleta con su comprador para facilitar trámites de emplacado.
Lucía Gutiérrez, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, propuso que la carga administrativa de la constancia de homologación recaiga en el fabricante o importador.
Martina Martínez Gómez (DID) recomendó que los ordenamientos locales incluyan lineamientos mínimos homologados por el Sistema Nacional de Movilidad Vial, garantizando libre concurrencia y evitando prohibiciones generales.
Julia Ortiz Ríos (UBER) enfatizó la necesidad de definir claramente el servicio privado mercantil y distinguir la intermediación de plataformas de los prestadores directos.
Karla Miguel Arreola, de inDriver, abogó por fortalecer la seguridad vial y reconocer distintas modalidades de movilidad, asegurando que las obligaciones sean proporcionales y acordes a la capacidad de cada actor.
En la mesa de trabajo con autoridades de Movilidad, los participantes consideraron fundamental incluir educación y concientización de conductores antes de otorgar la licencia de conducir.
Ricardo Serrano Rangel, coordinador general de Movilidad de Aguascalientes, propuso hacer obligatorio el uso de casco y prohibir la conducción a menores de edad, además de capacitar a los conductores antes de otorgar la licencia.
Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México, informó que en la región se registran 60 mil mototaxis y destacó la necesidad de regular este transporte para beneficiar a las familias.
Bernardo Lechuga Cuervas, subdirector de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas de Campeche, subrayó la necesidad de definir medidas de casco, seguros y etiquetado de seguridad, así como ajustar tiempos de entrega ante condiciones adversas.
Mónica González Ortega, directora del área del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) de la Secretaría de Salud, solicitó evitar estigmatizar a los conductores de motocicletas y promover la prevención de accidentes mediante el programa “usuario de la vía”.
Francisco de Anda Orellana, exsubsecretario de Conectividad y Movilidad de Guanajuato, propuso eliminar el permiso para personas de 17 años, crear una licencia temporal de seis meses y limitar el uso de motocicletas cerca de centros educativos.
