Hasta 24 años de cárcel: Congreso va por suspender al alcalde de Petapa por desplazar a 80 mixes

Aldo Enrique Cruz Domínguez está vinculado a proceso por desplazamiento arbitrario, un delito que Oaxaca tipificó en 2025 y que se castiga con diez a dieciocho años de prisión, hasta veinticuatro si lo comete un servidor público. El dictamen para suspenderlo del cargo ya pasó la primera lectura; falta que el Pleno lo vote.

La Fiscalía lo acusa de forzar la salida de ochenta personas de Loma Santa Cruz.

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre de 2026 – Vinculado a proceso por su probable participación en el desplazamiento de unas ochenta personas mixes, y con una orden de aprehensión por sustraerse de la justicia, Aldo Enrique Cruz Domínguez conserva el cargo de presidente municipal de Santo Domingo Petapa. El Congreso de Oaxaca recibió este martes la primera lectura del dictamen que propone suspenderlo. Falta que el Pleno lo vote.

Las familias desplazadas son de Loma Santa Cruz, agencia de San Juan Mazatlán. Ese municipio mixe y el zapoteco de Santo Domingo Petapa se disputan unas 32 mil hectáreas. En febrero entró un grupo armado y hubo disparos cerca de la comunidad, y los habitantes salieron de sus casas para refugiarse en Arroyo Cuchara, en San Juan Guichicovi. Para entonces el conflicto ya cargaba con muertos: casi un año antes, tres pobladores de San Isidro Platanillo fueron asesinados en una emboscada.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió la causa penal 325/2026 contra el edil y otras dieciséis personas por desplazamiento arbitrario. Es el delito que Oaxaca creó en septiembre de 2025 con la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Su artículo 80 castiga con diez a dieciocho años de prisión a quien obligue a una comunidad a abandonar sus tierras mediante violencia, amenazas, hostigamiento o mal uso del poder público. Si el responsable es servidor público, la pena puede llegar a veinticuatro años.

El 18 de julio, un juez de control de Matías Romero, Avendaño, libró las órdenes de aprehensión. En la audiencia de imputación del 8 de septiembre, el juez suspendió al alcalde del cargo por diez días y le prohibió salir del estado y acercarse a las víctimas. El 23 de septiembre, un juez de Puerto Escondido lo vinculó a proceso y, a petición de la Fiscalía, ordenó nuevamente su captura, ahora por sustracción de la acción de la justicia.

Con ese expediente, la Fiscalía pidió al Congreso el 26 de octubre separarlo del cargo. La Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, que preside el diputado Mauro Cruz Sánchez, aprobó el dictamen el 12 de noviembre. Si el Pleno lo avala, el Ayuntamiento deberá convocar a sesión de Cabildo para designar a quien asuma la presidencia municipal.