Libertad, sin libertad

Joel Hernández Santiago

Cada vez es más notable la animadversión que el gobierno mexicano federal tienen hacia los medios de comunicación, hacia los periodistas y, en consecuencia, hacia la libertad de expresión; un derecho que es la base de todas las libertades.

Durante muchos años el ser humano ha luchado en contra del impositivo poder político –ya imperial, monárquico, dictatorial y aun republicano— para saber y para expresar; para pensar y decir, para conocer lo que ocurre en el entorno y, sobre todo, para revisar e informar de lo que hacen y deciden los gobernantes de cualquier modelo de gobierno y en todo momento.

Luego de la Revolución Francesa en 1789 –por tener un punto de arranque evidente—la idea de expresarse con libertad fue calando en el mundo. Uno de los países que pronto recibió este impacto fue España en donde, a pesar de la invasión napoleónica de principios del siglo XIX, consiguió plasmar en la Constitución de Cádiz firmada en 1812 uno de los preceptos de mayor calado en su historia y en la de América: la libertad de imprenta.

Y así quedó expresado en aquel documento que pronto se trasladó a las colonias de ultramar: La Nueva España, por supuesto. Esto es: Las Cortes de Cádiz reconocieron por primera vez en la historia de España la libertad de prensa mediante el decreto de 10 de noviembre de 1810.

Ésta implicó serias transformaciones en los hábitos políticos y de convivencia de los españoles y, al mismo tiempo, provocó el desarrollo de ideas hasta entonces sólo conocidas por una minoría de intelectuales. No quiere decirse con esto que fuera unánime el deseo de contar con una ley en favor de la libertad de expresión; tan sólo que el momento histórico hizo posible su logro.

Así que esta “Pepa” –como es conocida la Constitución de Cádiz por haberse firmado el 19 de marzo de 1812, se trasladó a las colonias españolas de ultramar. Llegó a Nueva España y aunque tuvo poco calado en lo inmediato, poco a poco se fue incorporando al ideal de libertad mexicano. Primero en la Constitución de Apatzingán de 1814 que abrió a la Constitución de 1824… Y ya está ahí la libertad de prensa que significa la libertad de expresión.

En adelante la lucha ha sido larga. Muchas afrentas en contra del periodismo y periodistas; muertes, persecuciones, sangre… “viajes de rectificación” que significaban la muerte…

Todo a pesar de que los preceptos constitucionales mexicanos que en sus distintas etapas establecen el respeto a la libertad de expresión –y más recientemente el derecho de los mexicanos a la información-.

Hoy, como si no hubiera existido esta larga historia, estamos como en el principio: Esto es: en los hechos la libertad de expresión en México está cada vez está más en peligro. Más amenazada.

Significa peligro para este derecho histórico; significa peligro para el periodismo y para sus medios; significa la muerte de muchos periodistas (128 muertos en ejercicio de su profesión de diciembre de 2018 a diciembre de 2022 según documenta la organización Artículo 19, y tan sólo en el mes de enero de 2022, cinco más).

Y desde Palacio Nacional se genera una animadversión hacia los periodistas y medios críticos a los hechos de gobierno. A quienes opinan y analizan de forma crítica al actual régimen se les acusa de enemigos del país, de enemigos de los pobres, de enemigos del pueblo. Se les señala con el dedo flamígero de “conservadores”, “neoliberales” “fifís” y enemigos de México.

Y precisamente esta actitud es una muestra de enorme conservadurismo y reacción: reacción en contra de la libertad de expresión y sus medios y periodistas; conservadurismo porque se quiere mantener un estado silencioso y obediente a la manera del dictado del Marqués de Croix, virrey de la nueva España.

Fue él quien en 1767 y desde el Palacio Virreinal –hoy Palacio Nacional de México-, emitió un bando propio del despotismo ilustrado: “Sépanlo de hoy y en adelante, los súbditos de esta Nueva España, que nacieron para obedecer y callar y no para meterse en altos asuntos de gobierno”. El despotismo ilustrado en pleno.

Hoy se sabe que la mayoría de los homicidios en contra de periodistas en México provienen de gente de gobierno; pero a los homicidios, desapariciones, amenazas y hostigamientos, se suman los cometidos por particulares que ven amenazados sus intereses y sus espacios de acción.

Hoy se suma a ello la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de exigir a los medios y a los periodistas que aclaren el sentido de sus mensajes, ya informativos o de opinión, cuando se sabe que con frecuencia el análisis tiene como fundamento la información y se tiene que expresar en sentido amplio y sustentado. Lo que se busca ahí es generar censura y autocensura.

El discurso de odio se expresa cada mañana y genera polarización en la sociedad mexicana. Genera malquerencia de muchos en contra del ejercicio periodístico, de la información verás y crítica. Y genera el golpe fuerte en contra de quienes ejercen una profesión que es y seguirá siendo la base de la libertad, de las libertades y de la democracia: a pesar de todo.