Fernando Schütte Elguero
El nuevo Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 de la Fiscalía General de la República es, en papel, impecable. Habla de inteligencia criminal, de coordinación interinstitucional, de combate a la corrupción, de atención a víctimas, de profesionalización y de un sistema nacional interoperable de información. Todo está ahí. Todo lo que México debió haber hecho hace años.
El problema no es lo que dice el documento. El problema es que parece escrito para un país que no existe.
Porque mientras el plan promete una Fiscalía “transparente, eficiente y honorable”, la realidad cotidiana del sistema de justicia mexicano sigue marcada por la desconfianza, la impunidad y, en demasiados casos, la corrupción del Ministerio Público. Esa es la fractura central: un discurso institucional sofisticado que no dialoga con la experiencia real de millones de ciudadanos.
El documento presume un cambio de paradigma: dejar atrás la investigación fragmentada para avanzar hacia una inteligencia integral que permita desmantelar estructuras criminales y seguir las rutas del dinero. Suena bien. Suena correcto. Suena, incluso, moderno. Pero no responde a la pregunta esencial: ¿quién va a ejecutar ese modelo?
Porque la debilidad estructural no está en el diseño estratégico. Está en la operación. Está en agentes del Ministerio Público mal capacitados, mal supervisados o capturados por intereses políticos o criminales. Está en fiscalías estatales profundamente desiguales, muchas veces subordinadas a los gobiernos locales. Está en la ausencia de controles reales y consecuencias efectivas.
Sin resolver eso, hablar de inteligencia, interoperabilidad o macrocriminalidad es, en el mejor de los casos, aspiracional. En el peor, simulación.
Hay otro elemento aún más preocupante. El plan no se presenta como un instrumento de autonomía institucional, sino como parte de una lógica de coordinación alineada con el Ejecutivo federal. Se habla de un “frente único”, de articulación con el Gabinete de Seguridad y de una visión compartida del Estado.
Pero la Fiscalía no está diseñada para ser parte de un frente político. Está diseñada para ser contrapeso.
Cuando la procuración de justicia se subordina, aunque sea discursivamente, a la lógica del poder político, se erosiona su función esencial: investigar incluso al poder. Y eso no es un detalle técnico. Es el corazón del Estado de derecho.
El documento también incurre en un vacío que resulta revelador: no establece métricas claras de éxito. No hay objetivos medibles en términos de judicialización, sentencias o reducción de impunidad. No hay indicadores verificables que permitan saber si el plan funciona o fracasa. Hay narrativa, pero no hay rendición de cuentas real.
Y luego está el talón de Aquiles: las fiscalías estatales. El plan habla de coordinación y fortalecimiento, pero no enfrenta el problema de fondo. Sin fiscalías locales sólidas, autónomas y profesionales, cualquier intento de sistema nacional de justicia está condenado a la fragmentación.
En suma, estamos frente a un documento técnicamente correcto, políticamente cómodo y operativamente incierto. Un plan que identifica bien varios problemas, pero evita confrontar los más incómodos: la corrupción interna, la discrecionalidad ministerial y la falta de autonomía real.
México no necesita más planes bien redactados. Necesita instituciones que funcionen.
Y eso no se construye con buenas intenciones.