De 3,500 concesionarios foráneos, ocho sitios y no más de cuatro dueños de placa acudieron a la protesta del lunes. Al frente, una abogada de Baja California nombrándose víctima con discapacidad del reordenamiento y,
según el gobierno estatal, ciudadanos sin vinculación con el transporte y empleados públicos
NADIA SANABIA
En la marcha que el lunes partió de Santa Cruz Xoxocotlán rumbo al Palacio de Gobierno, la aritmética no acompañó al reclamo. La Secretaría de Movilidad contabilizó ocho sitios de un total de 340 movilizados, que representan unos 102 concesionarios en el padrón y, al frente de la manifestación, no más de tres o cuatro dueños de placa. El resto —dijo la dependencia— eran personas que no pudo identificar, algunas de ellas trabajadores del propio gobierno del estado.
El universo contra el que se mide esa cifra es de 3,500 taxistas foráneos en la zona conurbada. Los ocho sitios representan, según Movilidad, un porcentaje no mayor al tres por ciento del total. La protesta que se presenta como el clamor de un gremio se sostuvo, en los hechos, sobre una fracción mínima de ese gremio, y sobre rostros que —de acuerdo con la autoridad— no pertenecían a él.
{/ La protesta que exige hablar en nombre de los taxistas se quedó, en el conteo oficial, sin taxistas al frente /}
La cara más visible de la jornada no manejaba taxi. Frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, una mujer se encadenó y se presentó como usuaria con discapacidad visual afectada por el reordenamiento. Es María Teresa Vallejo Pérez, litigante originaria del norte del país cuyo nombre no procede del transporte ni la ciudadanía oaxaqueña, sino de un expediente de otra escala: fue representante legal de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, para quien en 2022 consiguió conmutar cuarenta años de prisión por confinamiento domiciliario. En octubre de 2024 compareció ante el Senado como una de las cuarenta y siete aspirantes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en esa cobertura, medios nacionales ya la identificaban por ese mismo litigio.
En el video que ella misma protagoniza, donde se identifica, y que circuló en redes, Vallejo Pérez menciona que la evidencia de su acto debía enviarse a “la Diputada”. El gobierno del estado leyó la escena como lo que su guion sugería: una puesta en escena con destinatario. El gobernador Salomón Jara Cruz atribuyó la coordinación a la diputada federal del PT Margarita García García, quien desde mayo encabeza en San Lázaro y en el Senado la ofensiva contra el reordenamiento.
El consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, extendió el señalamiento al terreno legislativo. Sostuvo que García García ha privilegiado la acción mediática sobre la función de legislar y expuso cifras de baja productividad parlamentaria a lo largo de sus tres periodos como diputada federal; también aludió a presuntas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el coordinador petista Reginaldo Sandoval Flores por triangulaciones en Michoacán.
La versión oficial trae también sus propios números, y esos sí son verificables en el discurso de la dependencia: 42 reuniones de diálogo, 338 sitios incorporados al programa, cuatro corredores de acceso a la Central Camionera. Movilidad afirma haber convocado a los inconformes a una mesa; al no presentarse, levantó un acta circunstanciada de la inasistencia. La secretaria Yesenia Nolasco Ramírez enmarcó todo el conflicto en una sola frase: un tema politizado, usado como bandera rumbo a 2027.